Sedes, la constructora del Principado, solicita un crédito urgente para evitar la suspensión de pagos

El pasado diciembre tardaba una media de 7,53 días en saldar las facturas que le llegaban. Desde entonces el deterioro viene siendo progresivo, al punto de que los recibos abonados en septiembre llevaban de media 49,36 días en la casa.

¿Qué está pasando? Que la compañía ha vendido y trabajado mucho, pero a pérdidas, vaciando su caja. Según explica en su informe de gestión, «el principal motivo de estos malos resultados es la subida elevada de los precios de los materiales y trabajos en el sector que se están produciendo en los últimos años; así en 2022-2023 el índice de costes del sector de la construcción elaborado por el Ministerio de Transportes refleja una subida del 22%».

Se encarecen las materias primas y los trabajos subcontratados sin tener margen para repercutir ese sobreesfuerzo. «Hay que tener en cuenta que la actividad de todos los contratos son a precio final, firmados en 2021 y 2022, antes de la subida generalizada de los precios».

Además de trabajar como constructora para administraciones públicas y empresas privadas, otra de las ramas de actividad es la venta de su patrimonio inmobiliario; ahí el pasado curso logró traspasar 317 activos por importe de 13,6 millones, mucho mejor que en 2022, cuando se vendieron 183 pisos, plazas de garaje y trasteros a cambio de 7,7 millones. Parte de esas entregas corresponden a contratos apalabrados en 2020 y 2021, indica el informe, lo que también habría impedido la posibilidad de actualizar los precios.

Esta manera de vender a pérdidas ha puesto a la empresa contra las cuerdas. «En relación al principio de empresa en funcionamiento, existen factores causantes de duda que pudieran afectar a la continuidad de la empresa, motivados por la insuficiencia de flujos de efectivo para afrontar pagos que tiene que realizar, concretamente tensiones de tesorería debido a los aumentos de los costes de producción en contrata y promociones propias, así como el retraso en los cobros a clientes por ejecución de obra», destaca el informe de auditoría. «Para paliar dicha situación sería necesaria la obtención de recursos líquidos que transitoriamente mitiguen dicha situación».

No es la primera vez que la compañía está cerca de caer en la suspensión de pagos. Al menos en 2019 y 2014 los informes de auditoría dejaron constancia de otros desequilibrios entre los recursos en la caja y las obligaciones a corto plazo.

Para salir de esta crisis, el Consejo de Administración de la sociedad, que controla el Principado a través de la consejería de Ovidio Zapico, tuvo una reunión el 20 de marzo pasado, analizando «varias alternativas» para asegurar la supervivencia. El 30 de abril acordó «iniciar los trámites para la formalización de un préstamo o póliza de crédito avalada por el Principado, de 2,3 millones, para paliar la situación financiera de la sociedad».

Para recabar los fondos se han cursado «solicitudes» a Unicaja –accionista, cliente y en ocasiones anteriores prestamista de la empresa– y al Principado. «El cumplimiento de los compromisos a corto plazo dependerá de que se obtengan los recursos liquidos suficientes que permitan el mantenimiento de los negocios de la sociedad», subraya el auditor, en un escrito de mayo.

Según el portal de transparencia del Principado, el pasado mes acumulaba avales y garantías otorgadas por importe de 228 millones, de los que 220 son a favor de Gispasa. El aval para salvar el apuro de Sedes no figura en la lista, lo que implica que a dos meses del cierre del ejercicio sigue en tramitación.