Técnicos en cuidados geriátricos y profesores, los profesionales públicos más agredidos en Asturias

De hecho, las agresiones en Educación han desbancado a Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) como organismo en el que más violencia externa sufren sus profesionales. El ente que gestiona todas las plazas geriátricas públicas y concertadas de la región, lideró durante dos años consecutivos, con 97 y 113 ataques consignados en 2022 y en 2023. En el ERA estos comportamientos descendieron un 20% el año pasado, cuando han sido contabilizadas 90 agresiones.

Todo lo contrario ocurre en Educación. Tras no tener datos relevantes en las dos memorias anteriores, en la de 2024 el Servicio de Riesgos Laborales del Principado constata 93 agresiones en los servicios educativos, de los que 83 tuvieron como víctimas, directamente a docentes. El tercer sector público con más violencia externa es el de la discapacidad, con 65 agresiones y, finalmente, el de servicios sociales, donde se contabilizaron 17.

No es, sin embargo, la de docente la profesión que más ha sufrido la iras de los usuarios del servicio o sus familiares. De acuerdo al mismo informe, son los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) los que figuran en lo más alto de la tabla, con 87 agresiones. Tras ellos y los docentes aparecen los educadores auxiliares (68 casos), los educadores (20), los diplomados en Enfermería (3), profesionales de Trabajo Social (2) y, finalmente, operario y fisioterapeuta, con una agresión en cada caso.

Unos datos que evidencian la existencia de un problema en la protección de los trabajadores de los servicios públicos. De hecho, la plantilla del ERA protagonizó varias movilizaciones a final de 2023 para reclamar el plus de peligrosidad, un complemento que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar rechazaba pagar, al no querer vincular el cuidado de larga duración a los mayores con agresiones. Sin embargo, el comité de empresa de la consejería dejó claro que ese mismo plus lo paga ya al personal de atención a personas con dependencia. La negativa inicial se trocó en una negociación que aún se mantiene.

Con la memoria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales sobre la mesa, el sindicato CSIF ha hecho público un comunicado en el que acusa al Principado «de incumpir la ley». Lo dice porque «la situación que describe la memoria pone en evidencia el incumplimiento sistemático de las normativas básicas que garantizan la seguridad y salud de la plantilla pública».

Critica, además, «la falta de control y datos, porque la Administración no tiene un registro exacto de los centros de trabajo», lo que lleva a que muchos «carezcan de una evaluación de riesgos», lo que lleva, dice el CSIF, «a poner en peligro la seguridad de las plantillas».