Transportes admite no tener «ningún estudio sobre el rescate de la autopista del Huerna»

El departamento que rige Óscar Puente respondió revelando que «no se dispone de ningún estudio sobre el rescate de la autopista de peaje AP-66». Desde el departamento sostienen, a preguntas posteriores de este periódico, que su respuesta en las Cortes «se refiere a que no se ha encargado un estudio externo, lo que no implica que no se hayan hecho estimaciones internas». Eso sí, eluden concretarlas.

La respuesta al caso asturiano es distinta a la que el propio ministerio acaba de tener respecto a la autopista gallega de la AP-9. El 29 de mayo en el Congreso de los Diputados el ministro cifró en 4.000 millones lo que supondría eliminar ese peaje según «un cálculo preliminar de los técnicos del ministerio». «Si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros, encantados», llegó a indicar, días después, durante una visita a Galicia.

También evidencia el eco que tiene la Junta General del Principado en dicho departamento. En octubre de 2018 el parlamento asturiano aprobó una declaración institucional en la que acordó «la necesidad de estudiar, a la mayor brevedad posible, la supresión del peaje de la AP-66». Nótese que no se demandaba el rescate, sino su estudio.

El pronunciamiento que hizo el mes pasado la Junta General, sobre el mismo tema intenta ahora no dejar la cuestión a merced de la voluntad del ministerio. Por unanimidad se requirió a Transportes iniciar los trámites para anular el peaje, pero esta vez es al Principado al que se le demanda que sea «parte activa» del proceso y encargue ya un estudio jurídico sobre las fórmulas para eliminar el peaje.

Cabe recordar que un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea contra el Reino de España ha dado alas a la opción de rescate. Desde que un Gobierno presidido por José María Aznar decidiera en el año 2000 ampliar el contrato de concesión de la autopista y alargarlo hasta el 2050 la posibilidad de aliviar a los conductores de la carga de pagar las tarifas de Aucalsa no había pasado del terreno de la promesa política.

Los socialistas basaron buena parte de la campaña de las generales de 2004 en Asturias en la promesa de la supresión del peaje. Una vez lograda la victoria y con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa se anunció una comisión con el Principado para estudiar el asunto. A finales de ese año el presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, aseguraba que «aunque hay diferentes valoraciones, en cualquier caso estamos hablando de cifras que superan los 1.300 millones para rescatarlo ahora mismo». Días después la entonces presidenta de Aucalsa, Rosa Aza, coincidía «más o menos» con esa valoración.

Finalmente la legislatura terminó con una bonificación para los camiones y turismos que hagan más de cuatro recorridos completos al mes.

El pasado abril todo cambió, al intervenir en el asunto Bruselas y hacerlo desde una perspectiva jurídica. Considera la Comisión Europea que la prórroga se hizo vulnerando la legislación comunitaria, que se ampliaron los años de la concesión para luego privatizar Aucalsa a mejor precio, todo sin respetar las exigencias de la UE. Entre otros reproches, está el de no haber publicado un anuncio en el boletín oficial de la UE para facilitar la participación en la operación de empresas de otros países.

El expediente sobre la AP-66 se tramita de manera conjunta a otro caso similar, la prórroga de la AP-9 gallega. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha defendido una vez ante Bruselas la legalidad de una ampliación de plazo a la que dio luz verde el Consejo de Ministros, algo que comporta que el expediente tuvo que recibir el visto bueno de la Abogacía del Estado, entre otros filtros.

Se espera que de nuevo el Ejecutivo remita a la Comisión argumentos en favor de una prórroga, la del Huerna, que políticamente discute pero jurídicamente defiende. Lo hace para evitar que Bruselas le imponga un rescate cuyo coste se intuye importante, pero al que por ahora no se ponen cifras oficiales.