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Vicente Gutiérrez Solís, histórico militante comunista langreano y represaliado durante el franquismo. JUAN CARLOS ROMÁN
«¿De qué me vale esta ley si mi torturador va a seguir impune?»

«¿De qué me vale esta ley si mi torturador va a seguir impune?»

Las asociaciones de represaliados valoran positivamente la Ley de Memoria Democrática, pero ven pocos avances en materia jurídica

CLARA G. SANTOS

GIJÓN.

Lunes, 10 de octubre 2022, 00:58

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Vicente Gutiérrez Solís (Langreo, 1933) fue condenado a seis meses de prisión en la década de los sesenta del pasado siglo. ¿El delito? repartir panfletos contrarios a la dictadura y estar afiliado al Partido Comunista de Asturias. Todavía hoy, cerca de cumplir los 90 años, hay noches en la que se despierta con sudores fríos y el terror que vivió de joven en los calabozos de la cárcel de Oviedo.

Lo peor para Vicente no fueron tanto los meses recluido, como los interrogatorios interminables. Sin comida, ni agua, soportando palizas aleatorias por parte de múltiples victimarios y con el escalofrío en los huesos de no saber si sería aquella la última vez. «Ahora ya no tanto, pero tuve una temporada de no poder dormir, de pelearme con estos recuerdos, de se incapaz de olvidar...», cuenta.

  • Se ilegaliza la dictadura Se declara la ilegitimidad de los tribunales creados a partir del golpe de estado de 1946.

  • Derecho internacional Sin derogar la Ley de Amnistía de 1977, recomienda la prevalencia del derecho internacional.

  • La Transición, bajo lupa El Gobierno creará una comisión para estudiar las violaciones de derechos humanos cometidos durante la Transición.

  • Fosas comunes El estado asume la búsqueda de los 114.226 desaparecidos.

Vicente tuvo que someterse a dos consejos de guerra, una deportación y hasta siete detenciones. En 2018 presentó una querella contra Pascual Honrado, el ex agente de la temida Brigada Política Social conocido como el 'Billy el Niño' asturiano, su torturador. Lo hizo junto a sus «camaradas» Faustino Suárez y Gerardo Iglesias. Entonces, la justicia asturiana archivó la causa amparándose en la Ley de Amnistía, pero ellos no se rindieron y presentaron su denuncia ante el Tribunal Constitucional y, después, ante la Comisión contra la Tortura de la ONU.

La nueva ley de Memoria Democrática, aprobada por el Senado el pasado miércoles, declara ilegal la dictadura franquista. Ello implica, entre otras cosas, la anulación de las sentencias dictadas por los consejos de guerra, como la de Vicente. No obstante, a él la matización le parece lo de menos mientra siga existiendo la posiblidad de que su verdugo pise la misma calle que él pisa, con el mismo derecho y libertad que él. «De qué me vale esta ley si mi torturador va a seguir impune», advierte Vicente Gutiérrez con la impotencia de quien cada vez ve más lejana la posibilidad de que se haga justicia.

Las asociaciones memorialistas de Asturias han recibido la nueva norma con cierta amargura. Aunque valoran positivamente los avances que la norma introduce, consideran que se queda corta en aquellos aspectos que tienen que ver con la reparación de víctimas.

«Oportunidad perdida»

La impresión de David Fernández, portavoz de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica (ARMH), es que con la aprobación de esta ley se ha perdido una oportunidad de oro para hacer cumplir los criterios de verdad, justicia y reparación. De hecho, Fernández ve difícil que en un futuro lleguen a subsanarse los vacíos del texto porque «ahora somos los nietos y bisnietos quienes estamos haciendo ruido para que cambien las cosas, pero las generaciones venideras estarán cada vez más alejadas del conflicto», lamentó.

De la misma opinión es Carmen Prado, activista de La Comuna d'Asturies, para quien la nueva ley «está todavía lejos de una reparación justa a las víctimas». Si bien se congratula de aspectos como la puesta en marcha de un banco estatal de ADN -también lo creará el Principado- o la ampliación de la categoría de víctimas, cree que en otros puntos la ley cojea. Es el caso de los expolios de tierras y propiedades cometidos durante la dictadura, aunque estos serán reconocidos no se emprenderá ninguna acción legal al respecto. Tampoco se juzgará a los verdugos, aunque sobre el papel sus sentencias serán anuladas. «A los jueces, por ejemplo, se les hacen meras recomendaciones, pero a la hora de la verdad saldrán impunes los de siempre», aduce Pérez.

Lo cierto es que mientras el grueso de las querellas presentadas continúan sin respuesta por parte de la justicia española, las víctimas de aquella época van muriendo sin ver resuelto su anhelo de reparación. «Una justicia lenta no es justicia», critica Pérez.

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