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De izquierda a derecha: Leticia Álvarez, jefa de Información de EL COMERCIO; Mario Busto, jefe de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Comisaría de Policía de Gijón; Raquel Álvarez, especialista del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil; Teresa Domínguez, jefa de la unidad de violencia de Delegación del Gobierno; Julio Martínez Zahonero, juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón y coordinador en Asturias de Jueces para la Democracia; y Almudena López, portavoz de Abogadas para la Igualdad. JUAN CARLOS TUERO
«La violencia machista no se soluciona solo en el juzgado», dicen los expertos

«La violencia machista no se soluciona solo en el juzgado», dicen los expertos

Representantes de la Delegación del Gobierno, TSJA, Policía Nacional, Guardia Civil y abogacía asisten a la mesa redonda del 25N organizada por EL COMERCIO

CHELO TUYA

GIJÓN.

Domingo, 29 de noviembre 2020, 01:27

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La tasa más alta de violencia machista del país, impulsada por los asesinatos de Lorena Dacuña y Susana Criado. Casi 700 mujeres con algún tipo de protección policía, 60 de ellas específica para evitar que sufran «una agresión grave o letal». Más de 1.300 denuncias en seis meses y 287 órdenes de protección en tres. Asturias llegó al 25N, el Día Internacional contra la Violencia Machista, con cifras preocupantes. Para analizar qué está sucediendo, qué campos de mejora hay, así como la respuesta de la juventud a la violencia machista y cómo ha influido la pandemia en la protección de las víctimas, EL COMERCIO organizó una mesa redonda con la participación de los principales expertos.

Teresa Domínguez, jefa de la unidad de violencia de la Delegación del Gobierno en Asturias; Julio Martínez Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces para la Democracia, hoy juez de instrucción en Gijón, pero durante muchos años el titular del juzgado de Avilés que lleva violencia de género (además del resto de campos); Almudena López, portavoz de Abogadas para la Igualdad; Raquel Álvarez, especialista del Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Comandancia de Guardia Civil de Gijón, y Mario Busto, jefe de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Comisaría de Policía de Gijón participaron en un coloquio en el que quedó tan claro que la solución de la violencia machista «no pasa solo por el juzgado», como que hacen falta más medios «en Gijón somos ocho funcionarios de la Policía Nacional y de la Local para más de 300 órdenes de protección» y que las nuevas generaciones «repiten roles machistas».

La unanimidad se mantiene al defender la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, en vigor desde 2004. «Visibilizó un problema que ya existía: elevó al machismo a un problema de orden público», señala Almudena López. Julio Martínez Zahonero lo tiene clarísimo: «Ha habido un antes y un después. No estamos ahora como en 2004 ni de lejos».

Legislación pionera

Una posición que respaldan los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «La respuesta policial no tiene nada que ver ahora con la de 2004», señala Mario Busto. «Desde el Emume supervisamos milimétricamente la actuación de cada puesto en materia de violencia de género», subraya Raquel Álvarez, mientras Teresa Domínguez apunta que «España fue pionera en esta legislación».

Un dato que también resalta Martínez Zahonero. «Si miramos el contexto europeo tenemos un sistema institucional que, ahora mismo, no existe en ningún otro país de Europa». Incluso precisa que va más allá de las indicaciones que marca el Convenio de Estambul, la norma del Consejo de Europa en materia de violencia machista en vigor desde 2014. «Se dice que España no cumple, pero claro que lo hace. No exige juzgados especializados en violencia sobre la mujer y España los tiene», señala, para citar a países como Rusia «que se supone que la cumplen y han derogado su ley de violencia».

Si la ley es buena y España se sitúa por encima de otros países en su desarrollo, ¿por qué las cifras de violencia se mantienen en el tiempo, incluso se clonan ahora entre los jóvenes? La pregunta tiene una respuesta común: «La violencia machista no se soluciona solo en el juzgado».

En esa línea, Martínez Zahonero está convencido de que «se desarrolló mucho la pata jurisdiccional-penal y no tanto la social-educación». En los últimos dos años, explica, «ha habido reformas para no vincular toda la protección a la denuncia, al proceso penal. El mero hecho de aprobar normas penales no quiere decir que vayamos a cambiar los comportamientos y las actitudes de la gente. Exigir eso al sistema penal genera una frustración».

Una opinión que comparte Raquel Álvarez. Experta en ofrecer charlas sobre violencia de género, asegura que «injustamente, recae sobre la víctima todo el peso. Obligamos a las víctimas a denunciar, cuando ellas están rotas. No podemos pedir que caiga todo el peso del procedimiento sobre ellas».

Unas 'ellas' que siguen sintiendo hoy, muchas veces, que no reciben el trato que necesitan. «Hagamos autocrítica, es cierto que hemos avanzado mucho, pero aún faltan medios», reclama Almudena López. Y pone como ejemplo «el hecho de que haya un policía para varias víctimas con orden de protección» o, también, «lo que está pasando con las unidades de valoración forense. La Fiscal delegada de Violencia, Eugenia Prendes, las ha reclamado de forma insistente. Pues bien, tenemos dos, pero desde hace un año solo con un forense en cada una. Eso hace imposible tener un informe urgente», dice.

Algo que irá a más si, como se ha aprobado en el Pacto de Estado, «se amplía la protección a las mujeres que no han presentado denuncia», advirtió López, que tuvo apoyo del resto de los participantes en la reclamación de más medios. «Es cierto que hacen falta más medios», reconoce Teresa Domínguez, quien apunta que la consideración de violencia de género llegará también «a las víctimas de violencia sexual y de trata». Algo que para Martínez Zahonero supondrá «colapsar los juzgados de violencia», de los que, recordó, «ya tienen una gran carga de trabajo».

Machismo rejuvenecido

Respecto a la continuidad de la violencia machista entre los jóvenes, «la Fiscalía de Menores tiene muchos casos», advierte Martínez Zahonero, la unanimidad vuelve a aparecer entre los expertos: la falta de educación en igualdad. «No podemos seguir con educación a cuentagotas, con charlas en institutos, la educación en igualdad debe estar en todo el sistema educativo», reclama Almudena López.

Porque, si no, se mantendrán casos como los que llegan «y no porque las jóvenes denuncien, lo hacen sus familias», apunta Mario Busto. «Y, cuando llegan, lo hacen porque el exnovio ha distribuido una foto o un vídeo suyo. No son conscientes de que ya eran víctimas de violencia de género antes», remarca Raquel Álvarez. «Porque siguen creyendo que el que él les controle el móvil o tenga celos es una prueba de amor», lamenta López.

El control voluntario, recuerda Martínez Zahonero, «no es delito. Muchos comportamientos machistas no son delito», pero sí lo son «las nuevas formas de violencia que han traído las redes sociales», plantea Domínguez.

Para las jóvenes, para las mayores, para que los casos que sean delitos acaben con castigo penal, todos insisten en la necesidad de una denuncia «bien fundamentada». «Cuando la víctima viene a denunciar, normalmente lo hace por esa última gota que colmó el vaso. Hay que ayudarla a contextualizar, para tener toda la historia de vida», señala Raquel Álvarez. Algo para lo que «es fundamental la asistencia letrada», recuerda Mario Busto, postura que defiende Almudena López: «La asistencia letrada especializada antes de la denuncia es voluntaria, nosotras queremos que sea obligatoria». Lamenta ella que, muchas veces, «por las prisas no se nos llame», pero aplaude que «en los juzgados, cada vez más jueces hacen que la víctima esté acompañada de asistencia letrada especializada».

Un cambio a mejor como los que ha favorecido la pandemia. «El contacto telefónico permanente con las víctimas», señala Teresa Domínguez, un cambio que «ha venido para quedarse». Como la violencia. Todos apuntan que, por desgracia, en 2021 será necesaria otra mesa redonda sobre el 25N.

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