Gijón, Llanes, Langreo, Avilés, Gozón y Cabrales pondrán tope al precio de sus alquileres durante tres años

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos era más ambiciosa ya que, en base a un informe encargado para tal efecto y teniendo en cuenta los criterios fijados por la Ley de Vivenda, había identificado decenas de barrios y localidades repartidas por doce concejos susceptibles de ser declaradas tensionadas. Este lunes el consejero Ovidio Zapico completaba la ronda de contactos con los representantes municipales de todos los concejos que cumplían alguno de los criterios que, además de los citados, eran Oviedo, Siero, Castrillón, Corvera, Ribadesella, Cudillero y Ribadedeva. En estos casos, o bien han declinado directamente esta posibilidad o siguen estudiando sus pros y contras, aunque todo hace indicar que por el momento no se subirán a este carro. De hecho, el PP celebró la semana pasada un encuentro en Ribadesella con las juntas locales de todo el Oriente para certificar el rechazo a esta propuesta que en el Gobierno regional impulsa el departamento en manos de IU-Convocatoria por Asturias y esta misma mañana la diputada popular Susana Fernández debatió con el consejero del ramo sobre este asunto en la Junta General, argumentando que la intervención en el mercado tendrá efectos contraproducentes.

La declaración de zonas tensionadas tendrá una vigencia inicial de tres años, aunque podría prorrogarse anualmente si se mantienen los requisitos, y como principal consecuencia estaría la posibilidad de aplicar topes a los precios del alquiler, pero también el diseño de un plan de medidas complementarias que desde el Gobierno regional pretenden consensuar con cada uno de los ayuntamientos. Zapico ha venido insistiendo mucho en la importancia de ir de la mano de los alcaldes para adoptar este tipo de medidas y, de hecho, aunque el Gobierno del Principado tiene competencias para declarar zonas tensionadas, se ha dado la última palabra a la Administración local.

La ley prevé una serie de limitaciones a la hora de revisar los precios de alquiler en zonas declaradas tensionadas, aunque son distintas en función de si el arrendador es o no un gran tenedor y en cada zona podrían establecerse particularidades como, por ejemplo, la definición de qué se considera gran propietario. Si no lo fuera, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Si el arrendador fuera un gran tenedor las limitaciones serían mayores, puesto que se elegiría la menor de las cuantías de entre la renta del contrato anterior actualizada o el precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Este índice (fijado por el Ministerio de Vivienda y que varía en función de la referencia catastral de cada vivienda) también se aplicaría a las viviendas que no hubiesen estado en alquiler en los últimos 5 años con independencia de que el arrendador sea o no gran tenedor.

De forma paralela, la declaración debe ir aparejada a un plan de acción a tres años con medidas complementarias destinadas también a resolver los problemas de acceso a la vivienda y que el Gobierno regional quiere consensuar con cada ayuntamiento para adaptarlas a las necesidades de cada zona. El plan debe venir recogido en un cronograma en el que quedarán definidos los plazos de las actuaciones a realizar y buscará la corrección de los desequilibrios con actuaciones de diferente tipo.

Por ejemplo, a través de la colaboración entre administraciones y el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible, ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios de alquiler o venta, e incluso incentivos fiscales. En definitiva, tal y como garantizó Ovidio Zapico esta mañana, será en los concejos que «colaboren con la ley y faciliten el acceso a la vivienda» donde se centrará el grueso de la inversión dirigida a la vivienda. Zapico también argumentó, en respuesta al PP, que para combatir el problema de acceso a la vivienda «no sirve una única medida» y defendió que la declaración de zonas tensionadas va aparejada a otras como el programa Alquilámoste o el incremento del la promoción pública, hasta el punto de que planteará en el pacto social incrementar a 5.000 nuevas viviendas públicas la previsión para los próximos 10 años, situándose de esta forma el parque público en torno a las 15.000 viviendas.