El SIPLA rechaza el expediente a los policías imputados por detención ilegal

La resolución judicial del pasado 8 de mayo del magistrado-juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Avilés, en la que ve «indicios serios y fundados que no resultan disipados con las versiones de los imputados y los testigos» de la comisión de los delitos de «detención ilegal, torturas, amenazas y contra la integridad» al corverano C. M. S. el 30 de mayo de 2014 por parte de los agentes cuyos nombres responden a las iniciales M. O. M., A. M. M. y J. M. F. y J. I. M. R., no es suficiente motivo para la apertura de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Avilés, según el sindicato policial SIPLA.

Después de varios días defendiendo la «presunción de inocencia» una vez conocido auto judicial desvelado por LA VOZ DE AVILÉS, el presidente del SIPLA, Jesús Villa, intentó ayer utilizar a la Junta de Personal -órgano de representación de los funcionarios, que no de los trabajadores del Ayuntamiento, representados en el comité de empresa- para buscar apoyo a sus tesis.

Villa, que también preside la Junta de Personal, convocó de urgencia una reunión por internet, y consiguió finalmente el apoyo de USIPA-SAIF -el resto de sindicatos representados son UGT, CC OO y CSIF-. El resultado fue un comunicado en el que se considera «extemporáneo» el decreto de Alcaldía en el que se abre expediente disciplinario y se suspende de forma cautelar de sus funciones a los cuatro agentes implicados. «No se ha explicado por qué lo hace ahora y no antes, cuando se conoció, y no se puede justificar con el auto judicial, porque está pendiente de recursos, calificaciones de las partes, especialmente del Ministerio Fiscal, y además no hay un sustrato fáctico firme para derivar responsabilidad administrativa», según defienden el SIPLA y USIPA-SAIF.

A pesar de la contundencia del auto judicial, en el que, además de lo ya recordado al principio de esta información, se añaden frases textuales del juez como que, a la existencia de indicios «serios y fundados», se suma «el relato coherente y detallado que efectúa el afectado, que se ve corroborado en aspectos esenciales con las diligencias practicadas; la concordancia de su relato con las diligencias policiales y las circunstancias en las que fue presentado ante la Policía Nacional», el sindicato policial asegura que «la actuación municipal contribuye a la realización de un juicio paralelo en los medios de comunicación y hace un daño irreparable a la imagen, profesionalidad y prestación del servicio de la policía local».

El comunicado firmado por la Junta de Personal del Ayuntamiento pide «que se deje actuar a la Justicia, y si estos funcionarios fueran responsables de conducta punitiva penal, que se les aplique la ley que corresponda».

SIPLA y USIPA-SAIF también aseguran que «no se debe olvidar el fondo del asunto, donde está implicada una víctima, con una discapacidad. Una persona le propone, presuntamente, obtener favores sexuales a cambio de una cantidad de dinero, e incluso, supuestamente le agrede quemándole con un cigarrillo».

Curiosamente, la presunción de inocencia para los cuatro policías -imputados por un hecho tan grave como una detención ilegal y torturas- que pide Jesús Villa al Ayuntamiento contrasta con las acusaciones y manifestaciones públicas del SIPLA durante años sobre asuntos como la denuncia por acoso contra al intendente de la Policía Local, incluso cuando la instrucción de las diligencias se encontraba en fase inicial. La jueza decretó hace dos semanas el archivo del caso.