«Nunca comprometí en nada al Ayuntamiento de Pravia»

El ex alcalde de Pravia Antonio de Luis Solar ha declarado hoy que el aval para adquisición de unos parquímetros, que le ha llevado ante el juez por un presupuesto delito de prevaricación, «nunca» ha comprometido «en absolutamente nada al Ayuntamiento».

Tras estas palabras del ex regidor praviano, el juez sustituto del Juzgado de lo Penal número 1 de los de Avilés, José Carlos Gómez de Liaño, levantó la sesión y dejó listo para sentencia el caso abierto a raíz de un aval a una empresa para la adquisición de 14 parquímetros.

El juicio contra el ex alcalde, acusado inicialmente de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales en grado de tentativa o tráfico de influencias por el llamado 'caso de los parquímetros' había sido suspendido la semana pasada por razones técnicas.

Uno de los abogados de la acusación, el representante de Foro en la causa, Juan Carlos Fernández, había pedido la audición de un CD con los testificales de varios testigos, pero debido a problemas técnicos para su reproducción, el juez levantó la sesión.

En la reanudación del juicio, ha sido posible escuchar las declaraciones del interventor, la secretaria municipal y algunos concejales que formaban parte de la mesa para la implantación de la ORA en el municipio.

Los tres abogados de las partes acusadoras -PP, Foro y Manos Limpias- han mantenido la acusación por un presunto delito de prevaricación y han dado por probado que el alcalde firmó el aval en calidad de tal, como apoderado del Ayuntamiento, del que, además, se habría aportado el CIF.

De Luis Solar fue denunciado hace tres años por el PP, Foro y el sindicato Manos Limpias tras avalar a la empresa Zaferco XXI por un importe de 79.000 euros para la compra de 14 parquímetros destinados a la zona azul del concejo sin que tuviera conocimiento la intervención municipal.

En un auto del juzgado praviano se acordó la continuación de las diligencias al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación, proceso que fue respaldado posteriormente por la Audiencia.

Para la acusación queda probado que el alcalde colocó a la citada empresa en una situación de ventaja a avalar la compra de un material que luego sería necesario para prestar el servicio de la ORA y que, además, fue depositado en una nave de la mancomunidad.

La acusación considerada probado que el alcalde hizo esta operación sin el conocimiento de los funcionarios municipales ni de los concejales de la Corporación y que el interventor se enteró de todo cuando el banco notifica que hay unas cuotas sin pagar de la referida de empresa, de las que tendría que hacerse cargo el avalista.

La acusación argumenta que fue, entonces, cuando el alcalde decidió aplazar una reunión de la mesa para la implantación de la ORA y mantener un encuentro con el interventor y la secretaria para explicarles lo sucedido. En esa reunión, el alcalde reconoció que cometió un error, pero, según la acusación, llegó a proponer como solución que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los parquímetros.

Para el abogado defensor del ex alcalde, Ángel Bernal, la acusación es infundada dado que considera que no existe actuación administrativa. Tanto la fiscalía como la defensa entienden que los hechos son admitidos, en parte, por el acusado y lo único que hay que dirimir es la naturaleza jurídica de los mismos.

La defensa ha recalcado que Antonio de Luis Solar figura en un apartado del contrato del aval como «apoderado» del Ayuntamiento, que es, ha precisado, «una figura que no existe para el mundo del derecho».

En su comparecencia en la primera sesión del juicio, el acusado reiteró en varias ocasiones que su aval y su actuación fue siempre personal y que, en consecuencia, se tuvo que hacer cargo de las cuotas impagadas por la empresa en cuestión.

También dijo desconocer que en el documento firmado apareciera como apoderado del Ayuntamiento e insistió en que nunca quiso involucrar al Ayuntamiento en esa operación.

La acusación ha apelado a su condición de licenciado en Derecho y a su dilatada experiencia de años como edil y luego como alcalde, para tratar de desbaratar el argumento de desconocimiento que, en cualquier caso, han recalcado, no exime de la posible culpa. La acusación pide una pena de nueve años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de prevaricación.