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La pilastra de hormigón alcanzó la tercera línea de asientos de los pasajeros. Alberto Morante

Se abre el proceso de apertura de juicio oral por el accidente mortal de un ALSA en 2018

Aún no hay fecha fijada en el calendario, pero no tardará una vez que el procedimiento ha salido de la fase de Instrucción y pasa a la de Penal

C. Del Río

Avilés

Martes, 5 de marzo 2024, 16:54

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Cinco años y medio después de que tuviera lugar uno de los accidentes de tráfico más escalofriantes del transporte público en Asturias, el brutal impacto que sufrió un autobús de ALSA contra un pilastra de la autovía AI-81 tras el desvanecimiento de su conductor, se inicia el procedimiento de apertura de juicio oral. Aún no hay fecha, pero cabe esperar que no tarde mucho en fijarse en el calendario tras concluir la fase de Instrucción y pasa ahora a Penal.

Nueve acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal presentan cargos contra el conductor, Omar López, que se enfrenta a una pena de cárcel de cuatro años, además de la prohibición del derecho a conducir vehículos de motor durante seis años y de la inhabilitación como conductor profesional también durante seis años por cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y doce de lesiones por imprudencia grave.

El conductor Omar L. M., en una de sus declaraciones en el juzgado de Avilés. Marieta

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita más de medio millón de euros (514.366 euros) para los herederos de cuatro de los cinco fallecidos, de Arcadio Suárez García, José José Emilio Menéndez Díaz, María Begoña Miranda Herrero y Ana del Pilar Tuya Santamaría. Y 124.391,67 euros para nueve heridos que resultaron con lesiones de diversa consideración. Un montante que los abogados de dos de los fallecidos y cinco de los heridos elevan en 472.076,02 euros, en el caso de dos de los primeros, y en 264769,44 euros, en el caso de los segundos.

Los datos

  • 3 de septiembre de 2018. Pasaban pocos minutos de las 12.30 cuando el autobús que cubría la línea Cudillero-Gijón se dirigía a su destino tras haber hecho parada en Avilés.

  • 5 víctimas mortales. Cuatro de ellas en el acto, tras impactar el vehículo contra una de las pilastras de hormigón de la AI-81

  • 12 heridos. Nueve de los cuales han presentado acusación contra el conductor Omar López.

  • Acusaciones. Está acusado de cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y doce de lesiones por imprudencia grave, delito continuado de conducción con manifiesto desprecio para la vida de los demás.

  • Solicitud de pena. Se enfrenta a cuatro años de prisión, a seis de prohibición para conducir vehículos de motor y otros seis para el desempeño profesional de esta actividad. Se le considera responsable civil por las muertes y los heridos.

Él es el responsable civil directo, pero el subsidiario es la compañía de seguros Allianz y responsable civil subsidiario, Alsa.

Una enfermedad «ocultada»

Como se recordará, el accidente tuvo lugar un 3 de septiembre de 2018 cuando el autobús conducido por Omar López, con una veintena de pasajeros que iban de Cudillero a Gijón, se estrelló contra un pilar de la autopista. Cuatro de ellos, los que iban en los asientos delanteros, perdieron la vida en el acto y un quinto, en el Hospital Universitario San Agustín. El vehículo quedó partido por la mitad y el pilar llegó hasta la tercera fila de asientos.

Sobre el conductor, que entonces tenía 40 años y tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde le fue amputada una pierna, recae ahora la responsabilidad penal del accidente.

El conductor padecía «epilepsia focal criptogénica», una enfermedad por la que seguía un tratamiento farmacológico y que, según la Fiscalía, había ocultado a su empresa. El diagnóstico se había realizado en el año 2015 y ya había estado de baja cerca de un año y bajo seguimiento neurológico en el HUCA. «A pesar de ello, el acusado no aceptaba el diagnóstico de epilepsia por las consecuencias que ello podría acarrear para su actividad laboral», señala.

El escrito del Ministerio Público recoge también que estaba advertido de que los fármacos antiepilépticos que tomaba «podían afectar a su capacidad de conducción», y que además era sabedor de que estaba incumpliendo el Reglamento General de Circulación, que exige un periodo de cinco años sin crisis ni fármacos de este tipo.

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