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La Consejería de Transición Ecológica ha formulado el informe de impacto ambiental para el proyecto de desmantelamiento de las instalaciones de la antigua planta ... de Alcoa en San Balandrán solicitada por el actual propietario, la empresa Windar New Structures. El Principado no ve inconvenientes en el planteamiento presentado por la compañía de estructuras eólicas, que prevé demoler «todos aquellos edificios y construcciones auxiliares originarios y característicos de un proceso industrial específico de la fabricación de aluminio en bruto para la implantación de un nuevo proceso industrial propio de la transformación del acero para la construcción de grandes piezas metálicas destinadas al sector de la energía eólica».
Windar proyecta la demolición de los edificios de almacenamiento de alúmina en polvo, situados estos en zona portuaria, y además de las construcciones situadas en las naves de producción al otro lado de la carretera AS-329, además de construcciones exteriores, rampas y elementos auxiliares. Así, desaparecerán la fundición, la electrolisis, los silos o la fábrica de pasta, instalaciones todas ellas que no le resultan de utilidad la compañía que dirige Orlando Alonso para su proyecto de fabricación de megaestructuras para la eólica offshore.
Una vez obtenida esta autorización, ahora Windar solo necesitaría tramitar las correspondiente licencia ante el Ayuntamiento para poder comenzar unos trabajos que ya tiene planificados y que comenzarán por las naves de la serie 2.
Se ha optado por una demolición tradicional, de arriba a abajo y elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación, aunque también se utilizará el empuje cuando se alcancen las cotas bajas.
Para la aprobación de este informe de impacto ambiental la consejería consulto a dieciséis organismos públicos y otras quince asociaciones ciudadanas. De todos ellos, solo una docena remitió algún tipo de consideración, aunque ninguna de ellas ha variado de forma significativa el proyecto de Windar.
La empresa deberá, eso sí, observar algunas cuestiones, como la reutilización de las tierras excedentes para operaciones de relleno, la restitución de los desperfectos que se puedan ocasionar a las carreteras, la coordinación de las actuaciones con las contempladas en el convenio de El Estrellín que también se está ejecutando en la misma zona, o la adopción de medidas para evitar afecciones a las zonas protegidas medio ambientalmente, como la ensenada de Llodero y la charca de Zeluán.
La actuación afectará a una superficie de más de 300.000 metros cuadrados de uso industrial que se preparan para una segunda vida después de tres años de inactividad. Allí Windar proyecta invertir más de 130 millones de euros para adecuar las naves que queden en pie y construir nuevas instalaciones para la fabricación de monopilotes XXL para turbinas eólicas de nueva generación. Serán unas estructuras notablemente más grandes de lo que la empresa puede fabricar ahora mismo en Avilés. Medirán hasta 12,5 metros de diámetro y 130 metros de longitud, y alcanzarán un peso de 3.500 toneladas, con la gran ventaja de que podrán ir directamente a puerto al encontrarse la nueva fábrica en una ubicación privilegiada y gozar además de una concesión de suelo portuario.
Desde Avilés partirán hasta los mares del Norte y el Báltico, y previsiblemente también a Estados Unidos, donde existen contratos ahora pendientes de la política de aranceles de Trump.
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura ha solicitado a la empresa Windar que documente todos aquellos elementos que vayan a desaparecer de San Balandrán y que elabore un estudio histórico industrial del conjunto. La compañía deberá analizar la historia de este enclave industrial, de vital importancia en el desarrollo de la ciudad, así como su autoría, y este deberá contener documentación descriptiva y gráfica, además de planimétrica e histórica.
Patrimonio estipula que, como mínimo, deben incluirse en este estudio la nave de función, las de electrolisis y las de signaturas, analizándose el estado de conservación de los mismos y contemplar medidas de conservación en la medida de lo posible. Se exige además que se realice un análisis de los valores patrimoniales existentes en la parcela para evaluar la viabilidad de los derribos que se pretende llevar a cabo «desde un punto de vista de la protección del patrimonio».
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