La dirección del PP gijonés se desmarca de Foro y pide que se solicite la plaza de Gijón para el Mundial

El también senador dice que para conseguir que salga adelante hace falta «ambición» y «entender que hoy en día las ciudades compiten y Gijón se está quedando atrás». Además, pidió «ganas, porque si salimos a empatar perdemos» y criticó que se «escuden» en cuestiones jurídicas para no ir a por el proyecto. Esto, en referencia al informe jurídico del Ayuntamiento que hoy adelanta EL COMERCIO que considera el acuerdo con la FIFA «vinculante y exigible».

Pablo González también apostó por la unión del empresariado con el Principado y los grupos municipales y señaló el «necesario compromiso» con la iniciativa privada. «El Ayuntamiento debe liderar el proceso, sin excusas, sin paripé y creyéndose que tenemos una oportunidad inmensa», concluyó.

«A todos los gijoneses nos gustaría que en algún momento se celebrara un mundoial en esta ciudad», indicó por su parte el edil Rodrigo Pintueles.

El informe jurídico del Ayuntamiento sobre el alcance del acuerdo con la FIFA, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, concluye que se trata de un documento «vinculante y exigible una vez firmado por la autoridad del estadio y de la ciudad anfitriona –el Ayuntamiento, en ambos casos–, con todas las condiciones y requisitos estipulados en los mismos, siendo exigibles en caso de resultar elegida como sede del Mundial 2030». El informe, por tanto, avala la postura del Gobierno local, contraria a rubricar el documento de requisitos que exige el máximo organismo del fútbol internacional a todas las ciudades aspirantes a ser sede del Mundial. Es más, este informe pone de manifiesto el posible choque de los derechos que la FIFA reclama sobre los estadios y otros espacios con los actuales locales comerciales ubicados en los bajos de El Molinón, en virtud de una concesión municipal, vigente hasta 2050.

Otra de las conclusiones del informe jurídico encargado por el Ayuntamiento pone el foco en la ausencia de planificación económica de todo el proyecto y sus implicaciones. Al no constar ningún informe económico-financiero, «antes de rubricarse dicho acuerdo, debería previamente analizarse si el proyecto que se pretende y que implicará unos compromisos económicos, técnicos y de desarrollo para el Ayuntamiento, pueden ser asumidos, teniendo en cuenta que será dicha Administración la responsable única de alcanzar los mismos y responder del cumplimiento del cuerdo rubricado con los compromisos impuestos por la FIFA», señala.

En el análisis del acuerdo con la FIFA remitido al Ayuntamiento el pasado 7 de febrero, el informe no deja lugar a dudas de que es el Consistorio el que «asume una serie de obligaciones y derechos para participar en el proceso de selección de los estadios y si resulta seleccionado».

Entre las obligaciones derivadas de la firma del acuerdo con la FIFA, el informe establece están «los compromisos económicos que devienen de las exigencias técnicas y en su caso obligaciones a imponer por la FIFA». «Constituyen, por tanto, un compromiso futuro a asumir en caso de que la ciudad resulte elegida como sede», reza el documento remitido por los servicios jurídicos municipales.

Entre los compromisos económicos detectados están «los costes de construcción y renovación de estadios». Esto «implicaría un gasto que debería asumir este Ayuntamiento con contenido obligacional en virtud del acuerdo». «Es evidente que en caso de tener que llevar a cabo una renovación, el Ayuntamiento asume una serie de compromisos económicos teniendo en cuenta que las exigencias técnicas pueden llevar a exigir una renovación para adaptarse a las exigencias de la FIFA», concluye.

Libre de terceros

El informe jurídico también destaca las consecuencias para el Consistorio de los contratos vigentes actualmente sobre El Molinón, como son las dos concesiones municipales, una al Sporting para su uso futbolístico, y otro con Molinón Espacio Urbano, concesionaria de la explotación comercial de los bajos comerciales. «Una de las exigencias requeridas es que se proporcionará el estadio libre de cualquier derecho y autorización de tercero para llevar a cabo cualquier actividad comercial en el estadio, incluido cualquier derecho a realizar cualquier actividad publicitaria de marketing o promocionar o explotar cualquier franquicia o concesión o vender o distribuir de cualquier otro modo cualquier producto o servicio», señala.

En virtud de esto, el informe concluye que «visto que dicho acuerdo implica la puesta a disposición de El Molinón y los espacios situados en sus bajos, todos ellos espacios actualmente sujetos a utilización privativa, debería verificarse que los términos previstos en el acuerdo respetan los límites obligacionales previstos en los contratos de concesión vigentes».

De esta manera, se pone el foco en las obligaciones que tendrá que asumir el Ayuntamiento respecto a los negocios en funcionamiento en los bajos del estadio, como asumir el lucro cesante de sus actividades durante los años que dure la obra o, a mayores, en el caso de no retorno, que debería reflejar los años que restan de concesión, hasta 2050.

El informe jurídico refleja que el acuerdo con la FIFA «parece reflejar que puedan verse afectados locales y derechos de terceros de forma que incluso puedan poner las instalaciones pertinentes a disposición, de forma que podrían verse afectados derechos de terceros, siendo responsable en este caso el Ayuntamiento».

El lucro cesante en este caso es una cantidad que nadie se atreve a calcular, al tratarse de diferentes tipos de negocios, desde un gran supermercado a un gimnasio de considerables dimensiones, pasando por una clínica, un centro de formación profesional, además de locales hosteleros. El Ayuntamiento tendría que asumir también desde la valoración del inventario de cada negocio, alguno de los cuales ha realizado inversiones millonarias recientemente, hasta las indemnizaciones por despido de los trabajadores, como ya informó este periódico.