La jueza mantiene como investigados a los seis detenidos de UGT

Justo Rodríguez Braga, a la salida de los juzgados hoy/
Justo Rodríguez Braga, a la salida de los juzgados hoy

Han quedado en libertad «sin medidas cautelares», dentro de la causa por un delito contra la Hacienda Pública, pero continúan con cargos y con la obligación de informar sobre cambios de domicilio

RAMÓN MUÑIZ / OCTAVIO VILLA / MELCHOR SÁIZ-PARDO OVIEDO.

El juzgado instrucción número 4 de Oviedo ha dictado orden de libertad sin medidas cautelares para los seis detenidos vinculados a UGT-Asturias en relación a un presunto fraude en la gestión de los cursos de formación para desempleados aunque mantiene para todos ellos la condición de investigados.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y confirmado la Fiscalía, el auto dictado por la titular del juzgado que instruye la causa abierta por un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental refleja además la obligación de que los detenidos comuniquen cualquier cambio de domicilio a efectos de posibles notificaciones judiciales.

Tras pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, los seis detenidos fueron trasladados esta mañana al juzgado donde únicamente ha prestado declaración la ex trabajadora del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) Silvia Sariego mientras que los otros cinco se acogieron a su derecho a no hacerlo.

Las mismas han señalado que el juzgado proseguirá ahora con la instrucción de la causa a la que incorporará como investigados a los seis detenidos ayer durante una operación de la Guardia Civil en la que se llevó a cabo un registro durante más de siete horas en la sede de UGT en Asturias.

El ex secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, fue detenido ayer por agentes de la Guardia Civil a primera hora de la mañana, por un presunto fraude en las subvenciones de los cursos de formación del sindicato y otro de falsedad documental. A la vez que a Rodríguez Braga, miembros de la Benemérita procedieron a las detenciones de la actual responsable de comunicación del sindicato, exsecretaria de Administración y Comunicación en UGT-Asturias y exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero; el exsecretario de Formación y Relaciones Institucionales de UGT-Asturias, Daniel Rodríguez Vázquez, y Manuel Díaz Cancio, que fue secretario ejecutivo en la etapa de Rodríguez Braga. También fueron detenidos Silvia Sariego, responsable de administración del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias, y Alberto González, trabajador de UGT-Asturias.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que registró las dependencias de la sede regional de la UGT durante siete horas, ve indicios de un presunto desvío directo de fondos correspondientes a las subvenciones del Principado para los cursos de formación que imparte el sindicato hacia objetivos «privados y ajenos a la docencia» de varios de los detenidos ayer. En particular, se hace referencia a Daniel Rodríguez y a Manuel Díaz Cancio, que permaneció con los agentes de la UCO durante las siete horas de registro del sindicato. Según fuentes cercanas a la investigación, el desvío de los fondos se habría efectuado mediante un complejo sistema de facturas falsas y de sobrecostes en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2013, similar al utilizado en el sindicato en Andalucía y que, según la denuncia de un exempleado de UGT a la investigación, podría estar siendo utilizado en el País Vasco, Galicia, Baleares y Extremadura. Según la investigación, el fraude ascendería, en el caso asturiano, al menos a 400.000 euros en alquileres de locales que se giraban contra las subvenciones del Principado, si bien este extremo está pendiente de valoración.

Siete horas de registro

El registro comenzó a las nueve de la mañana. A las ocho y media, la secretaria del Juzgado de Instrucción número cuatro de Oviedo y varios agentes de la UCO entraron en el edificio y se identificaron. A continuación se dirigieron a las plantas 10 a 12, que acogen el servicio de informática y la comisión ejecutiva de la unión regional. «No toquen nada más y abandonen la sala», dijeron a los trabajadores, para proceder a continuación a cortar el servicio de internet. Una de sus prioridades fueron los servidores informáticos, donde confiaban en obtener todos los datos y documentos pertinentes para la investigación.

A continuación se dirigieron a los locales de los servicios jurídicos de UGT, donde cerca de una decena de trabajadores fueron instados a entregar sus datos de contacto y claves de acceso. «Salgan, pero no se vayan muy lejos, les iremos llamando», les instaron los agentes, que cerraron el acceso. Uno de los ordenadores a los que prestan más atención es el de Mónica Menéndez, prima segunda de Justo Rodríguez Braga y ya investigada en la causa.

La tensión crece por momentos cuando la esposa e hijos de uno de los detenidos, Daniel Rodríguez, irrumpen en el sindicato y se quejan de las formas empleadas con él, porque «no es un terrorista, le dio un infarto y está delicado de salud». Precisamente, Rodríguez tenía prevista para ayer una consulta médica que sí pudo celebrarse, pero a continuación fue llevado al cuartel del Rubín.

Allí, Silvia Sariego, que había sido detenida a las nueve menos cuarto de la mañana prestó declaración durante cuatro horas y media. Fue la única que prestó declaración, ya que el resto de los detenidos se acogieron a su derecho a no hacerlo.

A las cinco de la tarde estaban citados Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, representados por la abogada Alejandra Cuadriello. A las seis fue el turno de Carmen Caballero y Justo Rodríguez Braga, que según su abogado, Francisco Alonso, de Pro Ley, «están tranquilos en cuanto al fondo del asunto, porque no tienen ninguna responsabilidad. Y también, en cuanto a lo que ha sucedido, están sorprendidos y molestos».