BBVA rechaza participar en la consulta pública del Gobierno sobre la opa al Sabadell

Fuentes del banco vasco han explicado a este medio que «ya trasladamos nuestras consideraciones como parte interesada en el procedimiento, tanto al Ministerio, como al resto de autoridades». Sentada esa premisa, no consideran oportuno personarse en este trámite, sin precedentes y que ha generado una fuerte polémica. Y es que el proceso de participación no filtra números de DNI falsos y permite también votar más de una vez, dejando todo el trabajo de cribado para después, sobre el global de las respuestas.

Sobre la opa y su impacto, la entidad presidida por Carlos Torres ha insistido en «que no hay factores de interés general afectados por la operación» y ha defendido que los compromisos asumidos por BBVA con la CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes, especialmente en territorios con mayor presencia del Sabadell, como Cataluña».

El que sí se ha personado es el Sabadell, que mantiene justo la opinión contraria y que remitió sus razones tras una reunión de este jueves de su consejo de administración. Su consejero delegado, César González-Bueno, insistió la semana pasada en que «hay un clamor contra la opa» e incidió en que «no es buena para el empleo, ni para la economía, ni para el crédito, ni para la cohesión territorial». «Afecta al interés general», sentenció.

También han acudido los sindicatos CC OO y UGT, que consideran la operación como un «grave perjuicio para la sociedad» y elevaron el impacto de los despidos hasta una cifra que va de entre 7.700 hasta 10.600 trabajadores. Además, esta misma semana nueve entidades empresariales catalanas, entre ellas la patronal Foment del Treball, enviaron una carta a Sánchez pidiéndole que impida la opa.

Mantenimiento de red de oficinas y empleo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abre ahora un estudio sobre el dictamen de Competencia a la luz del «interés general» e incorporando las opiniones recogidas, que no deben tomarse como referéndum. «No se plantea como un sí o un no», ha recordado este viernes, sino que busca integrar «información cualitativa relevante».

Cuerpo tiene hasta el 27 de mayo para tomar una decisión: elevar o no al Consejo de Ministros la resolución, que contaría con otros 30 días para aumentar o disminuir las condiciones con las que autorizar la oferta, pero nunca vetarla.

La inclusión financiera, es decir, el número de oficinas y su distribución por el territorio, así como los puestos de trabajo, son las dos cuestiones clave que baraja el Ejecutivo para actuar. De hecho, fuentes conocedoras de los contactos, señalan a este medio que es una de las líneas más avanzadas que maneja Moncloa. Se trata de centrar las exigencias en garantizar red de oficinas y proteger a las plantillas frente a los despidos. Unos objetivos que se conseguirían con el anuncio de un veto a la fusión comercial que BBVA podría plantear, una vez adquirido el Sabadell. Se trataría, por lo tanto, de un aviso del Ejecutivo adelantando sus intenciones sobre una decisión que le asiste un momento futuro del procedimiento.

Tal y como informó este periódico es una de las esperanzas que albergan las empresas catalanas tras su encuentro con el ministro Carlos Cuerpo en el Cercle d'Economia la semana pasada.