Retirar dinero en los comercios, la solución a la falta de cajeros en la zona rural
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ofrecido una serie de recomendaciones para proteger a los mayores y los habitantes de lugares poco poblados tras el cierre del 30% de los cajeros desde 2008
El 30% de los cajeros que había en España en 2008 han desaparecido debido al cierre de oficinas bancarias y la digitalización del sector. ... Los habitantes de las zonas rurales, las personas mayores y quienes tienen menos competencias digitales son los más afectados por la exclusión financiera, de ahí que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya ofrecido una serie de recomendaciones para intentar aliviar estas situación.
Entre ellas, facilitar la retirada de efectivo directamente en los comercios. En concreto, plantea desarrollar una regulación específica de los servicios de 'cashback' y 'cash-in-shop' para implantarlos como sistemas alternativos o complementarios a los cajeros automáticos. El 'cashback' permite al cliente comprar en una tienda y, al pagar con su tarjeta (o aplicación), solicitar el cobro del producto más una cantidad. Este montante adicional se le devuelve directamente en dinero. Mientras que el 'cash-in-shop' no necesita vincular la retirada de efectivo a una compra. A modo de cajero, en la tienda puede solicitar extraer dinero.
Asimismo, en el estudio elaborado a petición del Defensor del Pueblo para identificar fórmulas que garanticen la competencia en entornos donde no esté asegurada la presencia de varias entidades bancarias, la CNMC propone diseñar una solución de mercado que permita implementar el 'cashback' y el 'cash-in-shop' mediante tarjetas de crédito o débito, compensando y liquidando las operaciones. «El uso de tarjetas los convertiría en servicios más accesibles para los colectivos vulnerables o con menos habilidades digitales», explica. También plantea la conveniencia de implementar programas de información y/o formación financiera sobre el uso, funcionalidad, límites y riesgos de estos dos servicios.
En el caso de las iniciativas públicas, aconseja estudiar la opción de calificar jurídicamente ciertos servicios financieros básicos como servicios económicos de interés general de cara a establecer obligaciones de servicio público; «todo ello sin perjuicio de que adicionalmente pueda optarse por otras vías, como procedimientos de contratación o subvenciones públicas». Además, en los procedimientos de contratación o de ayudas públicas, recomienda recurrir a la concurrencia competitiva siempre que sea posible y evitar «limitaciones injustificadas a que participen operadores como proveedores de servicios o beneficiarios de las ayudas».
En el caso de la empresa pública Correos, la CNMC aboga por insistir en el carácter abierto de las prestaciones que puede ofrecer a las entidades bancarias, «evitando exclusividades vinculadas a ciertos perfiles de operadores o zonas territoriales», y potenciar que los colectivos vulnerables conozcan sus servicios para realizar operaciones bancarias, entre otras medidas.
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