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Habrá mucho de voluntariedad de cada país en la aplicación del Plan de Acción del Acero y los Metales, llamado a ser la tabla ... de salvación de la siderurgia. Eso preocupa a la industria y también en el seno de la Unión Europea, que tendrá manga ancha con los Estados para que ofrezcan ayudas públicas más altas o rebajen los impuestos energéticos, de forma que se consigan reducir los costes de las factorías. Y esto implica que países con más músculo financiero y también con una mayor sensibilidad con su industria, como históricamente han demostrado Francia o Alemania, podrán de alguna forma 'dopar' a sus empresas frente a las competidoras de otros territorios. Una posible ruptura del mercado único está sobre la mesa ya desde la etapa de la pandemia, y el 'sálvese quien pueda' frente a mecanismos comunes ha provocado las críticas de la industria nacional, con la Alianza por la Competitividad de la Industria Española a la cabeza.
Pero más allá de esto, para la Comisión Europea hay otro salvavidas que lanzar a la siderurgia y que también tendrá mucho de voluntario, y ya no solo con carácter estatal, sino también autonómico e incluso municipal. La Comisión Europea, en su plan, anima a que las compras públicas tengan en cuenta la procedencia del acero y que se compren productos hechos en el continente y con bajas emisiones. De ahí que la Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial, que prepara la UE, introducirá criterios de resiliencia y sostenibilidad para fomentar un suministro europeo limpio.
Uno de los problemas con los que se encuentra la industria siderúrgica para abordar sus proyectos de descarbonización, más allá del propio coste de las inversiones, es que no hay mercado para el acero verde. En general, los consumidores prefieren productos con baja huella de carbono, pero no están dispuestos a pagar el sobrecoste que implica.
Según Carola Hermoso, directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a la que pertenece Arcelor, con los precios actuales del hidrógeno renovable el encarecimiento será de entre el 30% y el 50%, en función del tipo de producto.
«Debemos ser conscientes de si estamos dispuestos a asumir ese coste y el efecto que tendrá en los productos que consumimos, como coches y edificios», argumenta, a cambio, eso sí, de «una reducción de emisiones muy drástica».
Y ese es uno de los puntos que aborda el plan del acero y en el que, en plena guerra arancelaria, su máximo responsable, el vicepresidente de la Comisión Europea Stéphane Séjourné insiste. «La contratación pública representa el 14% del PIB europeo. Por lo tanto, si cambiamos los criterios de la contratación pública, esto podría cambiar las cosas para nuestros productores de acero, pero es una cuestión de voluntad política», subraya.
Se trataría ya no solo de comprar carril para las vías férreas bajo en emisiones, como el que se espera que se produzca en Gijón a partir del año que viene, sino tener en cuenta también la procedencia de ese acero en infraestructuras; a la hora de dar permisos para el despliegue de renovables o, incluso, cuando se adquieran flotas de vehículos para las administraciones, como autobuses o coches para distintos organismos.
El problema es que eso puede encarecer los concursos y licitaciones. De hecho, de momento, en la mayoría de los casos se prima el precio. Así se explica, por ejemplo, que Adif haya comprado en los últimos años, ya no solo carril fabricado en Gijón, como suele ser habitual, sino también producido en Italia. Entre sus últimos contratos sorprendió una inversión de 47,3 millones de euros, de los que el grueso, 40,2, se destinan a la factoría de Arcelor, pero también a la que la india JSW tiene en Piombino, en Italia. De este modo, la operación rompía años de exclusividad oficiosa de la planta del Principado. Aunque es poco habitual, no era tampoco la primera vez que el operador español compraba piezas a un productor extranjero, ya que hace años Adif ya adjudicó un contrato a la austriaca Voestalpine.
«Esto podría ampliar la aplicación de criterios no relacionados con el precio al presupuesto de la UE, a los programas nacionales de apoyo y a la contratación pública (y, en algunos casos, privada), en beneficio de las industrias con un alto consumo energético», apunta la propia Comisión en el plan del acero.
Precisamente, uno de los motivos por los que Arcelor está construyendo el horno de arco eléctrico en la acería de Gijón, que permitirá rebajar las emisiones de la división de largos (carril y alambrón), es el convencimiento de que la contratación de las vías férreas será de las primeras que tenga en cuenta esa huella ambiental del producto. Sin embargo, el Ejecutivo europeo aboga por ir más allá para crear un verdadero mercado del acero verde.
Para ello, también apunta la necesidad de definir exactamente qué es acero verde, ya no solo por sus emisiones, sino también por el contenido de chatarra reciclada que pueda contener, lo que implicará también requerimientos de cierto porcentaje en diversos sectores. Así, habrá objetivos de acero y aluminio reciclados en sectores clave, entre los que se encuentra la automoción, «de forma rentable, teniendo en cuenta la diferente capacidad de repercutir los costes a los clientes y la competencia global».
En este sentido, la gran patronal europea del acero, Eurofer, trasladó recientemente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un encuentro telemático que mantuvieron, la necesidad de que se apueste por el 'made in Europe' y como ejemplo puso el plan de inversiones en infraestructuras por 500.000 millones que impulsará Alemania. «Deberían utilizar acero y aluminio europeos. EE UU lo hace, China también, ¿por qué no Europa?», se pregunta, y más aún en el actual contexto de guerra arancelaria.
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