Las empresas asturianas reclaman certidumbre regulatoria para impulsar la economía circular

En esa línea, el presidente de GAM, Pedro Luis Fernández, aseguró que «falta que toda aquella legislación que Bruselas prometió que iba a aprobar se haga». Así, pidió «que sea previsible cuándo y cómo se va a implementar», porque es necesario contar con «ciertas certezas sobre las normativas de sostenibilidad de Europa». No obstante, subrayó que la empresa tiene un «convencimiento absoluto» en cuanto la implementación de estas políticas, puesto que «no tiene ningún sentido generar servicios o riqueza sacrificando a las futuras generaciones». En ese sentido, se mostró convencido de que «el mercado castigará a aquellas compañías que no sean respetuosas con el medio ambiente», lo que otorgará una «ventaja competitiva» a las que sí lo sean.

En ese mismo sentido, Patricia López, directora gerente de Idonial Centro Tecnológico, aseguró que hay «desigualdad de condiciones» entre empresas, porque «hacer las cosas de forma diferente implica implicación y adaptación por parte de las empresas». La tecnología, argumentó, «debe ser una oportunidad, pero lleva un proceso y un coste». Precisamente por eso, hizo hincapié en que para que la competencia sea justa todas las empresas deben «cumplir las mismas normas». Además, expresó su deseo de que la apuesta por la economía circular «no solo sea una obligación de la Unión Europea, sino una oportunidad de negocio que permita construir una Asturias y un futuro mejores».

Asimismo, el responsable de Sostenibilidad y Riesgos de Caja Rural de Asturias, Javier Turiel, advirtió de que los continuos retrasos legislativos en Bruselas generan «inseguridad jurídica». «Precisamente, si las empresas querían ser más competitivas, ahora no saben a qué atenerse», lamentó.

Por su parte, Silvia Cortiñas, directora de Medio Ambiente en Desarrollo de Negocio de Ence, destacó que «Asturias está avanzando hacia un modelo productivo más sostenible donde la innovación tecnológica, la acción empresarial y la financiación responsable son claves para impulsar la economía circular».

Durante su intervención en el encuentro, el director de Sostenibilidad de Saint-Gobain España, Alberto García, denunció que, una vez superada la barrera tecnológica y la económica, es necesario contar con «facilidad administrativa, algo que a día de hoy no se da». De este modo, pidió más agilidad para los trámites burocráticos: «Un permiso para, por ejemplo, reciclajes, que tenía que llegar en tres meses, lleva un año y medio y no se ha movido nada. No tienen sentido los grandes discursos sin poner los medios necesarios».

Además de las empresas, las administraciones también tuvieron su espacio en el foro. En concreto, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, celebró la apuesta por «una Asturias que queremos que siga siendo el paraíso natural que vendemos de puertas hacia fuera, pero que también sea una región industrial, económicamente diversa y, sobre todo, que haga uso de la estrategia de circularidad».

En ese sentido, explicó que Asturias está viviendo «unos años que serán decisivos» para su futuro: «Estamos inmersos en plena transición ecológica y, por el medio, han surgido una serie de conflictos bélicos en el mundo, pero no nos podemos olvidar de ese cambio de modelo hacia procesos más sostenibles, de energía cada vez más descarbonizada, de implementación de vectores de almacenamiento energético y de refuerzos en la red para poder incluir mucha más energía de generación renovable». Así, fue claro a la hora de afirmar que «Asturias se juega su soberanía energética e industrial en los próximos años», por lo que mostró su deseo de avanzar en sectores estratégicos «para que en el futuro no seamos dependientes de otros países».

En ese contexto, la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, remarcó que «en los próximos años, las 'startups' basadas en la innovación están llamadas a tener un papel relevante en la economía regional, nacional e internacional». Por eso «es tarea de todos, especialmente de las administraciones públicas, impulsar y apoyar todas aquellas políticas y acciones que contribuyan a facilitar la creación y la innovación de las empresas».