Abengoa protagoniza la mayor quiebra en España desde la de Martinsa Fadesa

Tras años de rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos de pagos, esta vez Abengoa no consiguió que los bancos acreedores le dieran el consentimiento necesario para extender el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestucturación al que se llegó el pasado mes de agosto. El plan suponía la inyección de hasta 500 millones en liquidez y avales con garantías del ICO (Instituto de Crédito Oficial del Estado) y el seguro de crédito Cesce, a cambio de que se pasaran todos los activos a la sociedad Abenewco, controlada por los acreedores.

Es importante destacar que la solicitud voluntaria de concurso no significa automáticamente que se vaya a producir la liquidación definitiva de la empresa. Con este nuevo paso hacia adelante los accionistas pretenden que los acreedores acepten quitas y reestructuraciones de la deuda que permitan la viabilidad. Sin duda, sindicatos y administraciones públicas presionarán para evitar la quiebra y la pérdida de 14.000 puestos de trabajo, casi 3.000 de ellos en España, la mayoría en Sevilla.

Uno de los que ya ha comenzado a presionar es el propio Gobierno, que ha querido desprenderse de toda culpa ante la crítica situación de la compañía. La portavoz María Jesús Montero defendió que desde el Ejecutivo «se han hecho los deberes» para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa, y aseguró que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen que explicar «por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso». Montero afirmó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno siempre ha «tendido la mano» a la compañía para llevar a «buen puerto la difícil situación» de la empresa agravada por la crisis de la covid-19, estando dispuestos a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y Cesce.

Desde la Junta, el presidente Juanma Moreno aseguró que no cree que se pueda imputar al Gobierno andaluz la responsabilidad de la situación de Abengoa, e incidió en su «apoyo» a la viabilidad de la compañía. En rueda de prensa, Moreno apuntó que «si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna maner». Por ello, confía en que el Gobierno y la banca establezcan un plan de viabilidad «serio y que dé futuro a la compañía».

Los accionistas minoritarios, que ya consiguieron destituir al consejo de administración capitaneado por Gonzalo Urquijo, expresidente de Arcelor en España, instaron al Gobierno a negociar con el nuevo consejo para buscar nuevas alternativas.

Estos minoritarios buscan de nuevo, en la junta extraordinaria del 4 de marzo, la reprobación y cese del actual consejo, que «nunca ha contado con nuestro apoyo».