Cara y cruz para el futuro de Alcoa

Cara y cruz para el futuro de Alcoa
La entrada de la planta de Alcoa en Avilés, aún con restos de protestas. / MARIETA

Las votaciones se realizarán en las factorías de Avilés y La Coruña y si en una ganase el 'no' el preacuerdo sería papel mojado

J. F. GALÁN AVILÉS.

El conflicto de Alcoa llega a su momento decisivo. Los trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña afrontan una espinosa disyuntiva, o aceptar el preacuerdo alcanzado con los sindicatos que garantiza el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio con la esperanza de que un hipotético inversor a se haga cargo de ambas plantas o dejar vía libre a la multinacional estadounidense del aluminio para que ejecute el expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de las dos plantillas.

Si se llegase a este escenario, el preacuerdo incluye un conjunto de medidas que contemplan soluciones de empleo para 355 trabajadores de los 623 indefinidos de las dos plantillas. Así, recoge 44 prejubilaciones y un centenar de recolocaciones en la planta de San Ciprián -siempre y cuando la plantilla lucense acepte el plan de prejubilaciones para mayores de 57 años- y el mantenimiento de 205 empleos, 114 en la factoría coruñesa y 91 en la asturiana, en las que únicamente se mantendrían las plantas de fundición.

La votación se celebrará finalmente el lunes en las dos plantas. Y si en una gana el no, el preacuerdo quedará roto con independencia de lo que decida la otra. El sí abriría una puerta a la esperanza, una prórroga de seis meses a la espera de que apareciese el ansiado inversor, que se haría cargo de las factorías y del empleo. Solo en este caso la empresa invertiría veinte millones de euros en cada planta, cantidad equivalente al coste que supondría despedir a todos los trabajadores.

El grueso se dirigiría a recuperar las cubas de electrolisis, el corazón del proceso productivo, el sistema que mediante un reaccionante y electricidad transforma la alúmina (mineral de aluminio) en aluminio puro, un material muy dúctil que precisa aleantes. Es ahí donde entra en escena la fundición, unos hornos en los que se transforma en tochos y lingotes.

Además de la producción propia, la fundición también se alimenta de chatarra. En el caso de Avilés la mayoría llega vía terrestre desde distintos lugares, mientras que la alúmina procede en su totalidad de la refinería que la propia multinacional estadounidense tiene en San Ciprián y llega vía marítima.

Aun en el caso de que los trabajadores diesen el visto bueno al acuerdo, las cubas de electrolisis se apagarían el 28 de febrero mediante una parada ordenada, de modo que puedan ser rearrancadas por un potencial comprador. A partir de entonces la actividad se centraría en la planta de fundición y comenzaría la definitiva cuenta atrás en la larga espera de un inversor.

Sin ofertas

La empresa asegura que a día de hoy no ha recibido oferta alguna y que el Gobierno de España tampoco le ha trasladado ninguna. En 2016, después de que Alcoa anunciase el cierre por primera vez, decisión que posteriormente abortó, y admitiese que estaría dispuesta a vender sus plantas españolas o a dar entrada a nuevos inversores, se pusieron varios nombres sobre la mesa.

El que sonó con más fuerza fue Atlas Holding, un grupo industrial estadounidense. La operación se realizaría a través de Aludium, multinacional del aluminio constituida en 2015 en la que se engloban tres fábricas que Atlas Holdings adquirió a Alcoa, en Amorebieta (Vizcaya), Alicante y Castelsarrasín (Francia), así como un centro de investigación y desarrollo asentado igualmente en nuestro país. Finalmente las negociaciones, si es que la hubo, no llegaron a buen puerto.

Juan Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de fábrica de la planta de Avilés, prefiere no elucubrar. «Yo no sé nada de posibles compradores», dijo al respecto. Sin embargo, su homólogo en La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, no tiene dudas de que habrá inversores interesados siempre y cuando el Gobierno de España dibuje un sistema energético competitivo y estable para la industria electrointensiva. En el caso de que este cuadro no se materialice, «los culpables serán el Gobierno y las distintas administraciones», advirtió.

Así lo planteó ayer al término de la reunión que mantuvo durante casi dos horas con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, en la Xunta de Galicia.

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