Fernández ve «necesario» el estatuto de la industria, pero pide más concreción

Fernández ve «necesario» el estatuto de la industria, pero pide más concreción

El presidente del Principado lo considera positivo, aunque hay medidas, como la de la red eléctrica cerrada, que «generan incertidumbre»

LAURA CASTRO GIJÓN.

El estatuto para la industria electrointensiva aprobado en el último Consejo de Ministros es «absolutamente necesario». Así lo valoró ayer el presidente del Principado, Javier Fernández, que considera positiva la iniciativa con la que el Gobierno central pretende evitar más deslocalizaciones y cierres de empresas como las de Vestas, Cemex y, especialmente, la de Alcoa, que lleva varios años clamando por el elevado precio al que paga la electricidad en España.

Este régimen específico para las grandes consumidoras -con especial incidencia en Asturias, la región con mayor concentración de electrointensivas con ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa a la cabeza- deberá incluir, a juicio de Fernández, «todas las medidas que puedan afectar al funcionamiento de este tipo de industrias, entre ellas las relacionadas con las compensaciones por los costes indirectos de emisiones de CO2». Planteó, asimismo, la posibilidad de añadir otras: «la disminución del coste de los peajes y la posibilidad de mantener, incluso, el sistema de subasta de interrumpibilidad. Se supone que habrá una serie de acciones complementarias, todas ellas dirigidas a tener unos precios competitivos y estables» para la gran industria, indicó Fernández. Y todas estarán condicionadas a la obligación de las empresas de mantener la actividad por un mínimo de tres años y de asegurar el empleo de un 85% de su plantilla durante este tiempo.

En todo caso, agregó Fernández, «todo esto se verá en el reglamento que desarrollará el real decreto». Pidió premura en su tramitación -el plazo que se dio el Ejecutivo de Pedro Sánchez para elaborarlo es de seis meses-. «Deberá ver la luz lo antes posible, siendo conscientes de que debe pasar por la Unión Europea», reclamó.

No obstante, el presidente del Principado indicó que hay otra medida del decreto, la de la red de distribución eléctrica cerrada, que necesita ser detallada, pues «genera incertidumbre». Por ello, el Principado pedirá que «se aclare cuál es la intención concreta del Gobierno para valorarla adecuadamente». Lo cierto es que el decreto únicamente explica que se trata de un tipo especial de redes de distribución que se han implementado con éxito en numerosos países de la Unión Europea con el fin de «contemplar la realidad de la industria interrelacionada entre sí en determinados polígonos, para los que comporta ventajas económicas». Y añaden que cuando el Gobierno desarrolle los pormenores de esta medida deberá tener en cuenta «los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa».

«Son solo intenciones»

Las reservas expresadas por Javier Fernández son similares a las transmitidas el viernes por los sindicatos. «Solo es una declaración de intenciones. No es, como dice el Gobierno, un paquete de medidas porque no especifican nada», criticó el responsable de Industria de CC OO, Damián Manzano, quien lamentó, además, que esta iniciativa del Gobierno llegara tras el anuncio de cierre de una de las grandes industrias de Asturias. «Alcoa necesita garantías, hechos, no intenciones. Da igual que sea la multinacional la que se quede con las plantas o lo haga un inversor nuevo, lo importante es asegurarles que el precio de la energía será estable y, sobre todo, competitivo», exigió Manzano. Asimismo, afirmó que el Ejecutivo central, concretamente las ministras de Industria, Reyes Maroto, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «conocen de primera mano» y desde la moción de censura el problema energético de este país. «¿Y ahora quieren seis meses más para arreglarlo? ¿Qué hicieron en los otros seis que llevan gobernando?», dijo Manzano.

También para Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA, el tiempo de la puesta en marcha de este conjunto de medidas, que el Ejecutivo ya calificó de «urgentes», es clave para evitar deslocalizaciones e impulsar la competitividad de la gran industria asturiana y española. «La diferencia de costes respecto a Europa es notable. La electricidad para las electrointensivas es un 30% más cara aquí que en el resto de la Unión», lamentó.

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