La distribución de butano, en peligro: los repartidores se van a la huelga

Las distribuidoras de butano han convocado ocho jornadas de huelga a partir del 5 de noviembre y no realizarán entregas domiciliarias a particulares ni a empresas, aunque seguirán garantizando el suministro a los puntos de venta. Además, se comprometen a que no se vean afectados los usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores e instituciones sin ánimo de lucro. Los paros serán los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre y 5,11,17 y 23 de diciembre.

El motivo de la protesta es denunciar que la retribución que reciben les obliga «a trabajar a pérdidas» porque no cubren costes. Exigen un mínimo de 4,8 euros por bombona, que en su modalidad regulada tiene actualmente un precio de 15,93 euros. Por ello reclaman al Ministerio de Transición Ecológica y a las principales petroleras (Repsol y Cepsa) que se actualice su remuneración.

El butano, que ya hace décadas perdió su hegemonía y ha quedado como una fuente de energía residual, sigue siendo esencial para miles de familias y negocios, sobre todo, en el ámbito rural. La patronal que ha convocado la movilización, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), estima que hay seis millones de hogares en España que dependen de este combustible, aunque fuentes del sector rebajan la cifra.

«La Federación lamenta profundamente la necesidad de tomar esta decisión, pero la falta de respuesta por parte de las autoridades y de los operadores, con un sistema de actualización de la retribución que lleva más de una década sin actualizarse, hace que sea necesario adoptar medidas para proteger el suministro hasta el cliente final garantizando la supervivencia de las agencias», explican en un comunicado, para añadir que «las agencias no buscan perjudicar al consumidor final, que no ha de verse afectado por las reivindicaciones del sector, si no que persiguen que las comisiones por botella que perciben se actualicen y distribuyan de manera justa y conforme a la realidad del servicio»

La red de distribución de las bombonas, aunque lleva la marca de las petroleras correspondientes, es independiente de ellas. Son pequeñas agencias, unas 200 pymes en España -con más de 3.500 empleos-, que reciben una parte del precio regulado. Su queja viene de que esa comisión con la que se les remunera no es suficiente para cubrir los costes. Como ejemplo, la Federación señala que en el último año solo se les ha incrementado la tarifa un 0,01 euros por unidad y recuerda que tienen la obligación de realizar el reparto en un máximo de 48 horas.

«Una comparativa con lo que supone un reparto a domicilio en otro sector es el caso de un paquete Premium de correos con entrega en 48h, ese paquete tiene un coste de 2,76 €/kg. Sin embargo, la retribución por la logística (entrega y recogida) y comercialización de la bombona clásica de butano es de tan solo 0,53 €/kg, siendo 5 veces menor», explica.

Aumento de costes

Sin embargo, se quejan, su estructura de costes sí se ha incrementado en este tiempo por la escala inflacionaria. Aluden en este sentido «al aumento del precio de los carburantes de los vehículos de reparto, el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad y bajas emisiones, el incremento de los costes salariales y en la dificultad de mantener una plantilla estable de trabajadores dispuestos a desempeñar una profesión tan exigente y dura». Se estima que cobran unos 17.000 euros al año, cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los distribuidores advierten de que de su sostenibilidad depende el suministro de seis millones de hogares, «especialmente los más vulnerables, que se verían privados de una energía esencial para calentar sus hogares y cubrir el resto de las necesidades energéticas diarias».

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