El PP de Asturias impugnará el estatuto de las industrias electrointensivas

El PP pasa a la acción con el estatuto de las industrias electrointensivas. Su grupo parlamentario en Asturias, con su portavoz y presidenta, Teresa Mallada, a la cabeza, tiene previsto presentar una solicitud de «revisión de oficio» del texto con el que el Gobierno debía dar solución a los altos costes eléctricos que soporta la industria básica asturiana y que ha provocado el rechazo de todos en la región, desde el Gobierno a la oposición, pasando por los agentes sociales. Así lo anunció esta mañana la propia Mallada, acompañada por el secretario general y responsable de Industria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal. «Dada la pasividad del Gobierno de Barbón, el PP da un paso más. El presidente del Principado prefiere dejar abandonados a los trabajadores en lugar de enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez», señaló la presidenta y portavoz de los populares en Asturias.

El recurso del PP asturiano tiene carácter administrativo y su objetivo es volver a abrir el texto, aprobado por real decreto, para introducir mejoras que atiendan las necesidades trasladadas desde Asturias. Sostienen los populares que el estatuto está regulado por un real decreto con carácter de reglamento y que contraviene una norma de rango superior, el real decreto ley 20/2018, por lo que está en contradicción con el principio de jerarquía normativa recogido en la Constitución. Este movimiento legal serviría para suspender la aprobación de la norma, abriendo la posibilidad de introducir modificaciones como las que se reclamaban desde Asturias y que no fueron atendidas. El PP sostiene que es necesario que el estatuto recoja medidas como llevar al límite legal del 25% las ayudas por costes indirectos de CO2 a la gran industria, que se tenga en cuenta el concepto de hiperelectrointensivo, que se bonifique el 85% de los costes de peajes y servicios de ajustes, la exención del 100% del impuesto eléctrico o la financiación de la introducción de las energías renovables en la gran industria. «Hay que dictar un nuevo estatuto. El PP lleva desde el inicio del proceso intentando influir en el Gobierno. Presentamos nuestras propias alegaciones, pero tampoco fueron escuchadas», señaló Teresa Mallada.

La presidenta y portavoz de los populares dirigió buena parte de sus críticas al Gobierno del Principado que, según señaló, «incumplió» sus compromisos en materia industrial. Mallada recordó que hace un año se celebró un pleno monográfico en la Junta del que salió un acuerdo unánime por el que se instaba al Gobierno a elaborar un plan industrial, que luego se sometería a la consideración de los grupos políticos y los agentes sociales para buscar el mayor acuerdo posible. «Ese plan sigue sin ser realidad. El Gobierno de Barbón incumplió todos los compromisos adquiridos con la industria asturiana», afirmó Teresa Mallada.

Guillermo Mariscal, por su parte, señaló que si el real decreto que obligaba a crear el estatuto de las electrointensivas salió adelante fue gracias a «la responsabilidad» de su grupo, que se abstuvo en la votación permitiendo su aprobación. Lo que no gusta a su grupo es el resultado final de un proceso que se prolongó durante más de dos años, cuando el periodo establecido era de seis meses. «Es un ataque directo a la industria, la economía y la transición justa. Es imposible que haya transición si no contamos con la industria básica. Importar sus productos encarecería todos los procesos de fabricación», afirmó Mariscal, quien calificó de «insuficiente» un estatuto que reduce «en 54 céntimos» el MW/hora a la industria española, cuando el diferencial de precios con Francia y Alemania es de más de 20 euros.