El precio del CO2 se desploma un 25% ante una posible intervención y las paradas de la industria
Alivia ligeramente los costes, pero su reducción se deriva de la debilidad de la actividad y de los efectos de la especulación
Hace menos de un mes, el 19 de agosto, el precio del derecho por emitir una tonelada de CO2 llegó a rozar los 100 euros, ... máximo histórico. En un momento de la jornada se situó en 99,22. Este viernes, sin embargo, se movió en una horquilla de entre 72 y 73 euros, y en las últimas sesiones incluso ha estado por debajo de los 67. La volatilidad de los mercados también afecta a los 'permisos para contaminar' que necesitan las centrales de generación eléctrica que emplean combustibles fósiles y la gran industria. En pocos días han perdido un 25% de su valor.
La caída de la actividad industrial, con paradas anunciadas por toda Europa, entre ellas la del horno alto 'A' de Arcelor en Gijón, así como las peticiones de diferentes países, como España, de que se ponga un límite a la escalada del precio del CO2, que permita contener a su vez el coste de la factura eléctrica, están afectando de lleno a un mercado que no es ajeno a la especulación y que con frecuencia ha sido criticado por su escasa transparencia.
En el juego de oferta y demanda, si la primera aumenta o se prevé que lo haga cae la cotización.Y esto es lo que está sucediendo estos días, mientras que hasta ahora sucedía justo lo contrario. En el último lustro el precio de la tonelada de CO2 se disparó de los 5,65 euros de media que se registraron en agosto de 2017 a los 87,13 de este año. El alza se fue acelerando en el último año y medio, con la entrada de la fase IV del mercado de derechos, más restrictiva, y el anuncio de una retirada acelerada de las asignaciones gratuitas. Pero, aunque el precio sigue disparado y ahoga la actividad de instalaciones como los hornos altos, en los últimos días da un respiro que alivia ligeramente los costes de aquellos que tienen que recurrir a comprar derechos, como las centrales térmicas o los ciclos combinados, lo que indirectamente puede repercutir a la baja en la factura de la luz. También resulta un alivio para la industria que necesite acudir al mercado, aunque parte de este descenso brusco se debe, precisamente, a que las empresas no requieren ya de la misma cantidad de derechos, dado que están reduciendo drásticamente su actividad, e intentan hacer caja poniéndolos en el mercado.
En Asturias hay 17 plantas que cuentan con asignaciones gratuitas, si no se tiene en cuenta ya la de Alu Ibérica. Encabeza el listado, con diferencia, Arcelor, con 7,1 millones de toneladas, pero hay más y de sectores muy diversos, como Cementos de Tudela Veguín, Saint-Gobain, Asturiana de Zinc, Fertiberia, Química del Nalón, DuPont o las lácteas CAPSA e Ilas. Si las emisiones de estas empresas exceden las concesiones de las que disponen tienen que recurrir al mercado, si les sobran pueden venderlas, aunque podrían verse penalizadas en las asignaciones futuras.
Por su parte, las centrales térmicas de carbón y de gas –en el Principado las de Aboño y Soto de Ribera– solo pueden funcionar si compran esos derechos, ya que no cuentan con asignaciones gratuitas, lo que encarece su aportación al mix y a la larga el precio de la luz.
Pero al mismo tiempo que la industria se deshace de derechos por su caída de la actividad, cada vez son más las voces que piden a la Unión Europea intervenir de alguna forma para frenar la escalada de los costes de emisión. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reclamado que temporalmente se congele el precio del CO2. También se baraja liberar la reserva de derechos que tiene la UE o, incluso, suspender el mercado de forma temporal. Todo ello está provocando también una caída de la cotización de las emisiones, en cuyo mercado, además de la industria, se mueven los fondos de inversión que, como en una Bolsa al uso, buscan hacer negocio con las expectativas de cotización.
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