Alcoa acepta prorrogar el proceso de venta de las plantas hasta el 8 de julio

La incertidumbre sobre el futuro de Alcoa no terminará mañana domingo, como se había estipulado en el acuerdo firmado entre el Gobierno, la multinacional y los trabajadores hace unos meses. Tras el giro de ayer, en el que la compañía anunció a los sindicatos que la única oferta que contemplaba, la del fondo suizo Parter, no cumplía con las garantías financieras necesarias, la aluminera ha aceptado prorrogar el proceso hasta el 8 de julio en las mismas condiciones que se habían acordado y convoca a las partes para un nuevo encuentro el lunes.

Sospechaban que algo estaba pasando cuando Alcoa cambió en varias ocasiones la hora de la reunión de ayer, pero no llegaron a imaginar la magnitud de la sorpresa que les tenía preparada la multinacional. La aluminera estadounidense asegura que Parter Capital, el comprador elegido por ella, no cumple con las garantías financieras suficientes y decide frenar la operación. Se da la casualidad de que este es el mismo motivo que alegó la multinacional para descartar de manera rotunda la oferta que Quantum presentó por las plantas.

Según Alcoa, el grupo suizo no aportó los 30 millones de dólares -15 por cada instalación- de capital circulante necesario para cerrar la transacción y, por tanto, la venta queda en el aire a la espera de que se subsane este problema. La dificultad añadida es que esta noticia llegaba apenas 48 horas antes de que se cerrara el plazo para acordar la venta. En el acuerdo del ERE firmado en enero, la aluminera daba hasta el 1 de julio para lograr un inversor o ejecutaba los despidos y mantenía en ambas factorías únicamente la parte de la fundición, que dará empleo a 205 trabajadores (114 en La Coruña y 91 en Avilés).

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los representantes de los trabajadores que no dudaron en advertir al Ministerio de Industria de lo que estaba sucediendo. El secretario general de Industria en funciones, Raúl Blanco, el jefe de Gabinete de la ministra Reyes Maroto y otro técnico se personaron en el hotel donde estaba teniendo lugar la reunión para mediar en el conflicto. Desde el ministerio solicitaron a Alcoa una prórroga del plazo marcado por la propia empresa para vender las plantas de Avilés y La Coruña -o en su defecto, ejecutar el plan social y despedir a casi la mitad de la plantilla que asciende a 686 trabajadores- una petición con la que estuvo de acuerdo la aluminera. El 8 de julio es, por tanto, la nueva fecha límite acordada para que culmine el proceso. «Queremos que avalen y den las máximas garantías de la posible venta», explicó el comité gallego a través de un comunicado. El resto de la plantilla permanecía, mientras tanto, pegada a los teléfonos móviles esperando nuevas noticias y temerosos de que la opción de mantener vivas las plantas y conservar todos los puestos durante al menos dos años se desmorone en el último momento. «¿Y querían que ratificáramos el acuerdo de venta así?», se preguntaba molesto un trabajador.

La reunión de ayer, que se alargó varias horas y terminó de madrugada, era para alcanzar un consenso entre Alcoa, que exigía el visto bueno de la plantilla para cerrar la venta, y la parte social, que decidió -tras unas tensas asambleas en cada una de las plantas- mantener su negativa a pronunciarse sobre el acuerdo, máxime cuando desconocen al detalle los términos. La multinacional aluminera y el comprador tenían pactada la venta desde hacía varios días y apenas quedaban unos flecos por concretarse. Así lo explicó el Gobierno central, que insistió a lo largo de toda esta semana en que Parter cumplía los compromisos acordados en enero y respaldó su plan industrial. Es más, la ministra de Industria, Reyes Maroto, llegó a decir el jueves en una entrevista en Cadena Ser que «hoy estamos más cerca de cerrar la crisis de Alcoa». Sin embargo, la situación ha dado un vuelco inesperado para los trabajadores y el futuro de las plantas de Avilés y La Coruña vuelve a estar en el aire en una cuenta atrás, que esta vez es definitiva.

No es de extrañar, por tanto, que el enfado, tanto con la multinacional como con las diferentes administraciones, fuera máximo. La plantilla, que ya había criticado que el Gobierno diera por cumplidos sus compromisos y abandonara las reuniones en plena recta final, cargó de nuevo ayer contra el Ministerio de Industria, el Principado y la Xunta. Los trabajadores, que están convocados de nuevo por la empresa para el próximo lunes, 1 de julio, creen que las autoridades han actuado de manera irresponsable al apoyar la venta a Parter sin tener todas las garantías.