El Principado descarta reducir o eliminar el impuesto de las hipotecas

El presidente asturiano, Javier Fernández, antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / P. LORENZANA
El presidente asturiano, Javier Fernández, antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / P. LORENZANA

El Gobierno regional prevé ingresar casi 30 millones este año por el tributo y cerca de 9.000 asturianos se ahorrarán una media de 1.800 euros por crédito

A. SUÁREZ / P. LAMADRID OVIEDO / GIJÓN.

El Gobierno asturiano evitó ayer comentar o cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y se limitó a mostrar, como suele hacer en este tipo de casos, su respecto hacia la misma. «No valoramos las decisiones de la justicia», dijo el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Lo que sí matizó el también consejero de Presidencia es que el Gobierno no prevé reducir o suprimir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, objeto de la discordia y cuya recaudación va a parar a las arcas de las comunidades autónomas.

Tal escenario «no ha sido planteado» en el seno del gabinete, precisó. Asimismo, el consejero constató, aunque sin entrar a valorar la sentencia, es «el desconcierto y malestar» que su contenido ha provocado en una mayoría de la ciudadanía. En Asturias, este impuesto es del 1,2%, un tipo superior al que se aplica en Navarra (0,5%) y Canarias (1%), pero inferior al de Galicia o Cataluña (1,5%), por ejemplo. En cuanto a la recaudación, el Principado prevé ingresar 29,9 millones de euros este año por este tributo.

Sobre la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la normativa para que el pago de la tasa recaiga sobre las entidades y no la carguen los usuarios se pronunció el portavoz socialista en la Junta General. «Se trata de una decisión rápida y contundente, inscrita en el margen de actuación del que dispone el Ejecutivo dentro del respeto a la división de poderes establecida en la Constitución Española. El Gobierno reacciona ante una resolución que ha generado gran desconcierto e incertidumbre. Veremos cuál es la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios cuando el decreto ley llegue al Congreso», señaló Marcelino Marcos.

Más información

Un talante muy diferente mostró el portavoz del Hacienda del grupo parlamentario popular José Agustín Cuervas-Mons, quien acusó a Sánchez de «oportunismo político al proponer unas medidas legislativas, aún desconocidas, al calor de esta resolución judicial». Asimismo, recalcó que el PP llevaba años reclamando la supresión de dicho impuesto. Por su parte, Segundo González, diputado nacional de Podemos, hizo hincapié en que «no basta con hacer que los bancos asuman el impuesto de las hipotecas a partir de ahora, sino que hay que conseguir que lo hagan de forma retrospectiva. Para ello, hay que recurrir la sentencia al Tribunal de Estrasburgo». También señaló la necesidad de implantar un impuesto al sector bancario «para que devuelva el rescate» y una reforma del poder judicial para garantizar su independencia y «evitar que disparates como este puedan volver a ocurrir».

En cuanto al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, criticó el «ridículo absoluto del Tribunal Supremo» en este asunto al cometer «uno de los mayores atentados a la independencia del poder judicial en este país». «Creemos que hay una grave responsabilidad por parte del presidente del Supremo y del presidente de la Sala que no pueden eludir y que no pueden lanzar contra el Gobierno o el Parlamento», indicó.

Casi 16 millones menos

También reprochó al actitud de los jueces del Supremo Armando Fernández, diputado autonómico de Ciudadanos. A su juicio, el tribunal «ya ha generado bastante ambigüedad e incertidumbre, junto con 23 años de una ley ambigua a la que el bipartidismo no cambió ni una coma». Así las cosas, la formación naranja pidió «consenso, unanimidad y urgencia» para modificar la ley, de modo que las familias no asuman el impuesto.

El diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, también echó la vista atrás y manifestó que «el Gobierno debe pedir responsabilidades a quienes elaboraron mal la ley y el reglamento que la desarrolla, que fue el Ejecutivo de Felipe González». Además, advirtió de que «habrá que leer la letra pequeña del real decreto, pero no es descartable que los bancos se las ingenien para endosar a los consumidores los gastos equivalentes al impuesto que se va a suprimir».

Por otro lado, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimó que 8.889 nuevos hipotecados de Asturias se ahorrarán cada año más de 15,9 millones de euros, a una media de 1.793 euros de impuesto por hipoteca.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos