Esto es lo que reclaman los principales agentes implicados en el problema de la vivienda en Asturias

El precio medio del alquiler se sitúa en 672€ y el salario neto mensual de los jóvenes en 1032,80€. Si a eso se le suma una media de 100€ mensuales en suministros, la realidad es que los jóvenes tienen que dedicar un 75% de su salario neto a una vivienda. Por eso aunque las medidas anunciadas «van en la buena dirección», según Alejandro Braña, responsable del área socioeconómica del CMPA ( Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies ) «tenemos que ser más ambiciosos». Porque para llegar al 9% europeo de construcción de vivienda pública hay que recorrer aún un camino muy largo.

«La magnitud del problema es tan grande que tenemos que poner medidas a corto y a medio plazo». El Conseyu de la Mocedá apuesta por incentivar «que esas viviendas que se han retraído del mercado, salgan con garantías por parte del Principado para que se puedan poner en alquiler, que se controlen los precios según los barrios de las zonas de Asturias y que se limiten las viviendas de uso turístico», pero especialmente que se llegue a «un acuerdo entre todos para salir de esta situación».

En la misma línea de necesidad de consenso se pronuncia la Confederación Asturiana de la Construcción CAC-Asprocon. Para su presidente, Joel Garcia, es necesario «un pacto de Estado», un entendimiento entre administraciones, porque recuerda que en urbanismo la competencias se reparten entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el ministerio. Y después de eso, dice Joel García, que «lo más importante es el dinero para pagar los desarrollos urbanísticos». Desde la CAC-Asprocon se da como solución inmediata «la colaboración público - privada». Y señala que «hay muchas zonas en Asturias que se podrían rehabilitar con viviendas asequibles para jóvenes y no tan jóvenes.» Y responde a la pregunta de «¿Quién lo sabe hacer rápido?- El promotor privado».

También lanza sus preguntas la Unión de Inmobiliarias de Asturias ante lo que denomina «una emergencia habitacional». Según su presidenta, Katia Domingo, a las medidas del Gobierno les falta «practicidad y concreción». «¿Qué son alquileres asequible?, ¿Dónde están los índices de referencia de los que habla el Gobierno?» Domingo recuerda que los índices de referencia se establecen únicamente cuando se declaran zonas tensionadas y «en España salvo en Cataluña no hay zonas tensionadas». También falta concretar «¿Cómo podemos sacar viviendas vacías al mercado de alquiler? o ¿Qué podemos hacer para que el propietario se sienta con seguridad y garantías para destinar esa vivienda al alquiler de vivienda habitual». Katia Domingo recuerda que «hay muchos inversores que están comprando hoy una vivienda porque el banco no les da nada por su dinero» y una solución sería que tuvieran una reducción de impuestos si destina su inmueble al alquiler de vivienda habitual.

Para Domingo hay un «exceso de normas y decretos» y una ley de vivienda que «establece medidas muy perjudiciales para los propietarios como los inquilinos vulnerables que no se pueden desahuciar». Como solución concluye que «necesitamos normas que den seguridad jurídica al propietario, que den poderes a los juzgados para establecer desahucios más rápidos, que haya un arbitraje para el inquilino que no paga y que haya vivienda sociales para quien lo necesite»