La Fiscalía pedirá la imputación de 16 responsables de la constructora de El Musel

Los tres técnicos de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf) se ratificaron ayer en todos los extremos del informe emitido en su día por ese departamento de la Comisión Europea y aseguraron ante el juez Juan Pablo González, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que al menos se falsificaron los pesajes de 68.000 transportes de material pétreo a la obra de ampliación del puerto de El Musel, entre los años 2005 y 2011. Otro asunto que resaltaron los técnicos fue que, a pesar de que la UTE Dique Torres, encargada de la obra de ampliación, podría haber obtenido de forma gratuita el 75% del material, optó por pagar entre 6 y 7,3 euros por metro cúbico de piedra.

Los investigadores de la Olaf analizan el sobrecoste de 247,5 millones de euros que supuso la obra de El Musel y en el transcurso de su declaración aseguraron que hubo irregularidades también en la licitación de la propia obra y el proyecto modificado, así como en la medición de los materiales extraídos. Tal es así que constataron que hasta un mismo camión había realizado nueve portes de idéntico peso en un mismo día.

La acusación ejercida por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), vinculado a Podemos, vio refrendada en las declaraciones de los técnicos de la Olaf su denuncia ante la Audiencia Nacional, pero no así las defensas de los imputados Fernando Menéndez Rexach, expresidente del puerto; José Luis Díaz Rato, exdirector, y Ángel Riego, exalcalde de Carreño, que también declaró ayer. El hecho de que los técnicos fueran el licenciado en Empresariales José Manuel Mata, el jurista Esteban Castro y el economista portugués Artur Marqués, es decir, ningún técnico en ingeniería, restó valor a su testimonio a juicio de los abogados de los investigados. Así, para Agustín Azparren, letrado de Menéndez Rexach, «no son especialistas y tienen una gran confusión en los conceptos técnicos. No distinguen los tipos de materiales que se usaron en las obras y hablan de toneladas cuando se facturó por metros cúbicos». Es más, Azparren advirtió de que la Abogacía del Estado había sorprendido con un cambio de criterio y tratado de derribar el trabajo de estos técnicos, pues «sería complicado defender aquí un informe de la Olaf que perjudica al puerto y a España, y por contra atacarlo en Bruselas. Este cambio de postura de la Abogacía del Estado favorece a la defensa».

También Viliulfo Díaz, letrado de Díaz Rato, criticó a los técnicos y dijo que «cómo lo van a valorar si dicen que se basan en los papeles que les dieron». Apuntó que la denuncia se presentó en 2008 y la investigación de la Olaf es de 2010, por lo que «las fechas son importantes, pues el asunto podría estar prescrito». Por su lado, para la Ocan la situación es diferente. Nuria Rodríguez, concejala de Xixón Sí Puede, indicó que «las declaraciones de los técnicos de la Olaf fueron contundentes, lo que indica que nuestra denuncia tiene base suficiente para continuar».

Aunque los investigadores enviados por Bruselas no pudieron finalizar su comparecencia por falta de tiempo y tendrán que volver a ser convocados, la Fiscalía parece tener suficientes datos para pedir la imputación de otras 16 personas, todas ellas relacionadas con la gerencia de la UTE Dique Torres. Por su lado, la Ocan estudia llamar a declarar a más personas, previsiblemente integrantes del consejo de administración del puerto que aprobó el modificado de la obra de ampliación.

Se da la circunstancia que entre las personas ahora imputadas están, además de los citados Rexach y Rato, dos exgerentes de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez y David López Navarrete. Este último prestó declaración ayer, junto al exalcalde de Carreño, Ángel Riego.

«Tensión»

Al parecer, López Navarrete, gerente de la UTE entre 2009 y 2011, habría rechazado cualquier tipo de connivencia entre el puerto y la empresa. La Fiscalía le considera responsable de los delitos de fraude y exacciones ilegales, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil, y fraude a la Hacienda Pública. López Navarrete defendió que las relaciones entre el puerto y la empresa fueron «muy tensas» y puso como ejemplo que fue rechazado un segundo modificado del proyecto y que la UTE demandó ala Autoridad Portuaria por un importe de 324 millones de euros.

Por su lado, Ángel Riego, a quien se le considera responsable de un delito de prevaricación, rechazó