La Abogacía del Estado avaló el expediente de cesión de la franja de Naval Gijón el 3 de junio

A pesar de la contundencia con la que este informe de la Abogacía del Estado respalda la posición municipal, la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, el 12 de junio, semana y media después de recibirlo y el mismo día que concluía el ultimátum del Ayuntamiento para proceder a la reclamación judicial por incumplimiento de contrato, emitió un comunicado anunciando que la cesión se votaría en el próximo consejo de adminitración, que es el que definitivamente la va a apoprobar este viernes.

En aquella nota, Nieves Roqueñí aseguró que iba a proceder de esta manera porque «no puedo consentir que el empecinamiento en la judicialización retrase deliberadamente un proyecto relevante para el futuro de la ciudad». De igual manera, la presidenta del Puerto aseguró que lo hacía «por responsabilidad y ante la inacción y la actitud reactiva del gobierno municipal», para concluir que «aunque estamos convencidos de que los tribunales nos darían la razón, preferimos tomar una decisión salomónica, porque no es comprensible que el gobierno municipal denuncie al Puerto de Gijón».

El informe de la Abogacía del Estado determina que «nos encontramos ante dos negocios jurídicos 'coligados'» y, al igual que la Secretaría del Pleno se apoya, entre otros aspectos, en el pliego de condiciones de la escritrura pública de compraventa, y «muy singularmente» en el informe de Patrimonio del Estado, que informa «favorablemente la cesión gratuita de la parcela de 3.848 metros cuadrados para destinarse a espacio libre de uso público». La Abogacía del Estado califica este informe como «preceptivo y vinculante», al igual que lo había hecho la Secretaría Municipal.

Es más, la Abogacía advierte a la Autoridad Portuaria que «un eventual rechazo en este momento de la cesión gratuita podría incluso comportar la resolución de la compraventa ya celebrada, toda vez que una de las características de los negocios jurídicos coligados es precisamente que las vicisitudes de cada uno de ellos puedan afectar a los restantes». O lo que es lo mismo, que sin cesión, el Puerto se podría ver obligado a devolver los 4,6 millones al Ayuntamiento. Este informe se apoya, al igual que el de la Secretaría del Pleno, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La Abogacía, en su informe, refuta también, punto por punto, todos los «defectos procedimentales» que «impedirían la celebración del convenio sin su previa depuración» y que figuran en el documento elaborado por un asesor jurídico externo del Puerto.

Los defectos que alegó la nueva dirección portuaria fueron «la falta de competencia del presidente de la Autoridad Portuaria para aprobar las condiciones para la cesión gratuita, la falta de informe de la Abogacía del Estado sobre las condiciones para la cesión y la supuesta falta de intervención de la junta de gobierno del Ayuntamiento y la pretendida omisión de la memoria de la Delegación de Hacienda».

Tras el examen del expediente, la Abogacía pone de manifiesto que «fue la propia Autoridad Portuaria de Gijón la que aprobó elevar la cesión a Puertos del Estado, cuyo consejo rector emitió informe favorable a la cesión, condicionado a la obtención del informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Patrimonio».

Este último llegó a El Musel en febrero, momento en el que, según este informe de la Abogacía del Estado, el expediente de cesión había cumplido ya con todos los trámites que exige la legislación y tendría un carácter «preceptivo y vinculante». «No podemos compartir la tesis del informe remitido desde el Puerto de Gijón que sostiene que 'el informe de Patrimonio no obliga a llevar a cago la cesión gratuita solicitada'», afirma la Abogacía.

«Resultaría, además, contrario a los actos propios que ahora se pretendiera rechazar una cesión que ha sido elevada desde la propia Autoridad Portuaria para su aprobación por Puertos del Estado», se lee en el informe. También es tajante el documento al señalar que «no concurren ninguna» de las objeciones planteadas por la nueva dirección portuaria. «No fue el presidente, sino el consejo de administración el que adoptó el acuerdo para iniciar el expediente», explica el documento, que también se refiere a que el requerido informe de la propia Abogacía previo a la aprobación «podrá ser redactado una vez se fijen las condiciones de cesión y antes de la terminación del procedimiento».

«Por último, son numerosos los documentos que ponen de manifiesto la intervención de la junta de gobierno local durante el procedimiento, siendo buen ejemplo de ello el requerimiento acordado el pasado 12 de mayo de 2025», en referencia al ultimátum de 30 días aprobado en sesión extraordinaria para que el Puerto finalizara el expediente de cesión.

Respecto a las dudas expresadas por el Puerto de si se debía proceder a la cesión de uso o de la propiedad, la Abogacía señala que «es evidente que la intención del Ayuntamiento fue en todo momento la de adquirir la propiedad de la parcela». «Menos evidente aparece la intención de la Autoridad Portuaria, si bien el informe emitido por Patrimonio el 11 de febrero de 2025 nos lleva a entender que se estaba autorizando una cesión de propiedad y no de uso», añade.

«En todo caso, no parece que pudiera colegirse del expediente que fuera intención del Puerto afectar al dominio público portuario una parcela que fue desafectada en el año 2014», como era la intención de El Musel y así se había reflejado en el borrador de convenio patrimonial de cesión de uso enviado al Ayuntamiento.