El Consejo Consultivo avala la rescisión del contrato de obra del Hospital de Cabueñes: «Está debidamente documentada»

En dicho informe, al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que todavía no se ha dado a conocer públicamente, el órgano superior de consulta del Gobierno autonómico concluye que «ninguna de las circunstancias aducidas» por la adjudicataria del proyecto «puede explicar la demora del contratista ni mucho menos la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos contratados». Tampoco da por buenos los «errores e indefiniciones» que esgrime la UTE ni su insistencia en la necesidad de que se acometiesen modificaciones en el proyecto.

Es más, el Consejo Consultivo determina que el objeto de las sucesivas solicitudes de modificación contractual formuladas por la UTE «no consistía en una aportación en la innovación, en la gestión, en las instalaciones o de las unidades de obra a ejecutar», sino en «la mejora de sus condiciones económicas». Los cambios propuestos implicaban un incremento del 39,28% respecto al precio –79 millones de euros– en el que se había adjudicado la obra en junio de 2022. Un sobrecoste que, según el Consejo Consultivo «no se justifica».

Y va más allá: «Los cambios en las unidades de obra del proyecto son con peores especificaciones y mayor precio». Incluso se da el caso, según el órgano consultivo que vela por que las decisiones de la Administración asturiana se ajusten al ordenamiento jurídico, de «ejecutar una solución sin autorización previa y preceptiva de la dirección facultativa y que incide negativamente en el plazo» de ejecución.

La UTE siempre ha mantenido que «las irregularidades, falta de planificación de las obras, falta de disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución, los errores y omisiones del proyecto y la voluntad de la Admninistración de acometer una revisión profunda del plan funcional han sido las causas que han llevado a esta situación». Sin embargo, el dictamen que se publicará en los próximos días sostiene que la adjudictaria «no ha conseguido acreditar la concurrencia de esas circunstancias ajenas a su voluntad».

Por el contrario, «los incumplimientos» que esgrime la Consejería de Salud para rescindir el contrato «se encuentran debidamente documentados» y «la falta de ejecución de las obras en los hitos temporales que contempla el programa de trabajos no puede atribuirse sino a la responsabilidad de la propia adjudicataria». Las diferencias entre ambas partes empezaron a aflorar en el verano de 2020, poco después de que se adjudicase la ampliación del Hospital de Cabueñes, una actuación considerada de interés público y que es fundamental para la sanidad asturiana y gijonesa.

Ya entonces la UTE pidió un «reequilibrio» presupuestario amparándose en «la grave fluctuación de la economía mundial». A partir de ahí, las discrepancias entre la empresa adjudicataria y la Administración fueron acentuándose, hasta que la Consejería de Salud decidió, el pasado 24 de enero, iniciar el procedimiento de rescisión del contrato, que tenía que haberse materializado para finales de 2024. Ahora, «procede la incautación de las garantías constituidas, debiendo a continuación elucidarse el importe de los daños y perjuicidos causados», determina el Consultivo.