Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada para cada uno de los dos acusados de matar de una paliza a José Antonio Justel tras una discusión a la salida de un pub de Gijón en noviembre de 2023. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La vista oral se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha aún por determinar.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las tres de la mañana del 11 de noviembre de 2023, los acusados, Adrián G. G. y Bryan H. M., se encontraban en un local de la calle Marqués de San Esteban, donde se inició una discusión entre ambos y Justel, de 44 años. El personal de seguridad expulsó a los dos acusados que, antes de abandonar el pub, se dirigieron visiblemente alterados a la víctima con expresiones como «hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo».

Los dos acusados esperaron en el exterior del local a que Justel saliera y, cuando esto se produjo, pasados seis minutos de las tres de la madrugada, se abalanzaron sobre él. Uno le propinó un fuerte golpe en la sien izquierda con el codo, lo que provocó que la víctima se cayera inmediatamente al suelo, donde continuó golpeándolo de forma reiterada y con violencia. Como consecuencia de la agresión, la víctima falleció a las 18.52 horas de ese mismo día.

Bryan H. M. se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 17 de noviembre de 2023. Por su parte, Adrián G. G. estuvo en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 17 de noviembre de 2023 hasta el 3 de abril de 2024.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal. Del mismo responderían el acusado 1 en concepto de autor y el acusado 2, en concepto de coautor.

Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 15 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; ya la medida de libertad vigilada durante 10 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los padres de la víctima con 100.000 euros a cada uno, más los intereses legales correspondientes.

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