La Empresa de la Vivienda retiró la ayuda al alquiler al 14% de domicilios que investigó

Una inspectora llama al telefonillo de una vivienda. / CAROLINA SANTOS
Una inspectora llama al telefonillo de una vivienda. / CAROLINA SANTOS

Encontrar personas no incluidas en la solicitud y embargos de Hacienda motivaron la suspensión de expedientes en 2018

MARCOS MORO GIJÓN.

La picaresca está a la orden del día en todos los aspectos de la vida y también en el de las ayudas sociales. Ya se había detectado con la renta social municipal, lo que llevó a la expulsión del programa de beneficiarios de la tarjeta y de los comercios que les suministraron productos fuera de los criterios de primera necesidad fijados en las convocatorias. Ahora se conoce que desde la Administración local también se están investigando las ayudas al alquiler, muy solicitadas y que durante el pasado año fueron un auténtico quebradero de cabeza para la concejalía que dirige Eva Illán, al agotarse en un semestre el presupuesto para todo el ejercicio.

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisl) retiró el pasado año la ayuda al alquiler al 14,6 % de domicilios gijoneses en arrendamiento que inspeccionó con su personal.

De las 266 visitas que se realizaron en el año 2018, la comisión de valoración acordó requerir dinero en un total de 39 expedientes. Los requerimientos siempre son del mes en el que se realizó la visita si esta se llevó a cabo a partir del día 10, que es cuando se hacen los abonos. Si se hacen antes de esta fecha, no se requiere ninguna cantidad.

El caso más habitual que suele destaparse es el de parejas jóvenes recién emancipadas, pero solo uno de ellos con nómina baja, que es quien aporta los datos de la solicitud para poder cumplir los requisitos.

De hecho, el principal motivo para la retirada de la ayuda en los 39 expedientes suspendidos a lo largo del pasado año fueron por encontrarse los inspectores en los domicilios una o más personas adultas no incluidas en la solicitud y que, por tanto, estaban viviendo allí sin contar en la unidad convivencial. Los casos en los que se puede conocer si ha habido variación de la situación de esa unidad son muy pocos ya que, en la mayoría de las ocasiones, no existen datos de esas personas.

Otros beneficiarios, en cambio, perdieron la ayuda al alquiler por la diligencia de embargos, que es cuando la Agencia Tributaria requiere a la Empresa de la Vivienda para que embargue cualquier ayuda porque la persona en cuestión tiene deudas con el fisco. En estos casos también se suspende de forma inmediata la subvención, porque el programa municipal no está para pagar deudas de morosos.

Las visitas domiciliarias vinculadas al programa de ayuda de alquiler se realizan porque están contempladas en las bases que rigen esta línea de subvenciones como uno de los compromisos que deberán asumir los beneficiarios. En concreto el artículo 15.1.c, lo pone bien claro: «Autorizar a la Empresa Municipal de la Vivienda la inspección de la vivienda con el fin de comprobar el adecuado uso de la misma y los datos aportados por los solicitantes». Estas inspecciones tienen por objeto cerciorarse de que no se cobran las ayudas con viviendas vacías y detectar también 'pisos patera', beneficiarios que subarriendan habitaciones e, incluso, personas que montan negocios sin que lo sepan su caseros.

Las denuncias, si se constata alguna de estas irregularidades durante las visitas puerta a puerta, son cosa de la Policía, pero la Empresa de la Vivienda actúa dentro de sus competencias suspendiendo de forma automática las ayudas y requiriendo la devolución del dinero obtenido de forma fraudulenta. La cosa no suele acabar ahí, porque es habitual que los beneficiarios a los que se les retira la subvención recurran administrativamente la decisión del Ayuntamiento por no estar conformes con los motivos que este alega.

Volviendo a los 39 beneficiarios que perdieron la ayudas en 2018, quince interpusieron recurso y una se estimó dejando sin efecto el requerimiento; en cinco casos se mantuvo la desestimación y también el requerimiento; en seis casos no se interpuso recurso y se devolvió la cantidad requerida y ocho se encuentran en trámite.

Según explica Elena Sevilla, gerente de la empresa municipal, en este momento hay una única persona que tiene asignada estas inspecciones domiciliarias vinculadas al programa de ayuda al alquiler y es una mujer. Algunas de las visitas son aleatorias, pero otras se hacen por petición de los propietarios o caseros que alquilan las viviendas ante la sospecha de fraude.

El porcentaje de lo que se investiga es aún pequeño, teniendo en cuenta que cada año se benefician cientos de personas de esta línea de ayudas que es subsidiaria de las que otorga el Principado. Con todo, las inspecciones, que están presentes desde el mismo inicio del programa, están yendo claramente en aumento. En 2018 se triplicaron respecto a 2017 (266 frente a 86).

La intensificación de los controles por parte de la Administración local responde a la situación de colapso que se viene produciendo de un tiempo a esta parte con cientos de expedientes pendientes de resolución. Salvando las distancias, pasa un poco como con las ayudas a las fachadas, que tardarán años en poder hacerse frente a todos los compromisos adquiridos.

Todos estos datos de las visitas domiciliarias salieron a la luz en una reciente Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda como parte de la respuesta de la gerente de la Empresa de la Vivienda, Elena Sevilla, a los grupos municipales de Ciudadanos y Xixón Sí Puede. El primero de estos grupos recibió quejas de beneficiarios que recurrieron administrativamente la retirada de la ayuda al alquiler y luego les dieron la razón.

Elemento «dinamizador»

En lo que coinciden las fuentes del sector inmobiliario consultadas es que las subvenciones municipales para el pago del alquiler de la vivienda habitual y a la formalización de contratos de arrendamiento «dinamizan» de forma incuestionable el mercado local de las rentas de pisos. «Están muy solicitadas y todo el mundo que busca alquiler pregunta por ello y muchos ya vienen con la lección aprendida», señala Christian G. Pastrana, gerente del El Sol Consulting Inmobilario.

Según las últimas estadísticas que maneja el sector, Gijón fue, comparada con las tres grandes ciudades asturianas, la urbe en la que menos se incrementó el precio de los alquileres de vivienda el pasado año: un 4,1% frente al 6,6% de Oviedo y el 6,5% de Avilés. Pero aun así, sigue teniendo el arrendamiento de pisos mas caro de toda la región, con 7,3 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de Oviedo (7,2 euros).

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