Gijón no abonará parte de la multa que la UE ha impuesto a España por la falta de saneamiento en la zona este

Ana Braña en un Pleno del Ayuntamiento de Gijón./JORGE PETEIRO
Ana Braña en un Pleno del Ayuntamiento de Gijón. / JORGE PETEIRO

«No nos corresponde asumir errores de otros», ha declarado Ana Braña, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento

AGENCIAS

La concejala de Hacienda de Gijón, Ana Braña, ha dejado claro que el Ayuntamiento gijonés no abonará parte de la multa que la UE ha impuesto a España por la falta de saneamiento en el municipio, al igual que en otras localidades españolas.

«Ni puede ni debe pagar lo que es responsabilidad de decisiones del Gobierno central», ha insistido la edil, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, un día después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hablara sobre este problema en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

«No nos corresponde asumir errores de otros», ha insistido, para después remarca que lo que sí le corresponde al Gobierno local es exigir que exista depuración en la zona Este, cuya falta están sufriendo todos los gijoneses.

Xixón Sí Puede, dispuesto a una «batalla institucional»

El concejal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón David González y el diputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias Héctor Piernavieja han avanzado, por su parte, que están dispuestos a abrir una «batalla institucional» para que no repercuta en los gijoneses la multa de 22 millones de euros impuesta por la UE a España por la falta de saneamiento en diversas ciudades, entre ellas Gijón.

Es más, Alonso, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés acompañado de Piernavieja, ha elevado a 33 millones el coste de la multa, al argumentar que habrá que contabilizar el primer semestre de 2019. Y es que el edil de XsP no calcula hasta finales de ese año o principios de 2020 el que la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Zona Este (EDAR) entre en funcionamiento.

A mayores, ha cifrado en más de 90 millones de euros -incluidos los 36 millones de la EDAR-- el dinero necesario para completar el saneamiento en la ciudad y solventar los problemas existentes, como por ejemplo en la depuradora de la zona Oeste o el emisario de Aboño. Algo que ha visto difícil de que se llegue a solucionar debido, a su parecer, a la «ineptitud» del Ministerio y porque el sistema de depuración instalado sospecha que «no es correcto».

Es por ello, que ha avanzado que pedirán responsabilidades patrimoniales a los responsables de esta situación si es preciso, al tiempo que ha tildado de «auténtica vergüenza» que queden pendientes 90 millones de euros en inversiones y se siga sin saneamiento. «Nos sobraba para haber hecho otra depuradora», ha opinado.

De hecho, ha expresado su esperanza a que figuren 91 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para afrontar las necesidades de saneamiento en Gijón, a lo que ha confiado en que no se trate de repercutir a los ciudadanos la multa a través de una subida del canon de saneamiento.

Engaño a Europa

Una inquietud que van a trasladar al Ministerio, aunque ha opinado que está claro que es este el responsable de la obra y no cabría hacer copartícipe de la multa al Ayuntamiento. Otra cosa es que se intente repercutir vía canon de saneamiento, algo que no apoyará XsP.

Unido a ello, ha acusado al Gobierno central de «mentir» e intentar «engañar» a la UE haciéndole ver que se cumplía con la normativa, según él, algo que el edil ha augurado que pasará también con el reciclado, cuyo porcentaje de obligado cumplimiento no se va a poder conseguir, a su parecer.

En esta misma línea se ha expresado Piernavieja, quien ha recordado que en 1991 fue aprobada la directiva, en la que se daba un margen para adaptarse a la misma. Ya en 2005 hubo un primer apercibimiento de la UE por la falta de saneamiento Gijón y la primera sentencia llegó en 2011, aunque no se ejecutó hasta este año.

Entre 2011 y 2018, ha incidido en que se produjo una «retaíla de comunicaciones» entre la UE y la Administración central para solventar esta situación. Podemos, en este sentido, va a solicitar estas comunicaciones al sospechar que el Estado intentaba engañar a la UE sobre el cumplimiento de esta directiva.

Y al igual que González, ha mostrado la «oposición frontal» de Podemos a que la multa la paguen los ciudadanos. Según él, no hay base jurídica para repercutir a las administraciones autonómica y local ese abono. «Sería un despropósito jurídico», ha sostenido.

 

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