El ministerio quiere que Gijón ayude a pagar la multa por la falta de depuración de la zona este

El ministerio quiere que Gijón ayude a pagar la multa por la falta de depuración de la zona este
Aspecto que presenta la depuradora de El Pisón, paralizada judicialmente desde 2016 a excepción del pretratamiento. / DANIEL MORA

Morán estima en 22 millones la cifra a abonar este año por las nueve ciudades que incumplen con la UE y prevé legalizar la depuradora en 2019

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

El Ministerio de Transición Ecológica ha empezado a pagar la multa que en julio le impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir una directiva comunitaria que le obligaba a depurar las aguas de las grandes aglomeraciones urbanas. El retraso resultaba palmario, toda vez que aquella norma, que data de 1991, daba como mucho hasta finales del 2000 para dejar de verter esas aguas sucias al mar y los ríos. Los 18 años de demora y los avisos no atendidos han derivado en una sanción cuantiosa. Según reconoció ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este curso tocará abonar «algo más de 22 millones y aproximadamente 11 por semestre a partir del primero del próximo año».

La condena identifica a los nueve grandes núcleos que siguen fuera de la norma, enclaves que echan al mar y los ríos aguas sucias equivalentes a las que dejan 433.342 habitantes. Según los cálculos de Bruselas y el ministerio, el mayor punto negro es la zona este de Gijón, que libera en el Cantábrico la porquería que dejarían unos 161.800 vecinos. Es decir, la ciudad supone el 37% del problema.

Esa proporción resulta determinante ante el paso dado por Transición Ecológica. «En estos momentos se está preparando el acuerdo de Consejo de Ministros para la incoación del procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidad entre las administraciones responsables», desveló Morán en el Congreso. Para ello los juristas de su departamento recurren al Real Decreto 515/2013, que fija los criterios con los que el Gobierno central puede repartir con comunidades autónomas y ayuntamientos las multas de la UE. La normativa reconoce el derecho del Gobierno central a descargar la factura en las administraciones «que sean competentes de conformidad con el ordenamiento jurídico español y que realicen una acción u omisión que dé lugar a un incumplimiento» castigado por Bruselas.

La infracción gijonesa supone unos 8 millones por cada año que se continúe contaminando

«Saben ustedes que el grueso de la competencia en materia de saneamiento y depuración corresponde a las autoridades locales y que son las corporaciones locales las que directamente o, en su caso a través de las diputaciones provinciales o de las comunidades autónomas, prestan estos servicios y, por tanto, son responsables en último término de la depuración de las mismas», recordó el secretario de Estado, en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica.

La cuota gijonesa en este conflicto está bien definida. De lo que se paga este año en multas 8,14 millones se entregan por el incumplimiento de la zona este. Cada semestre que se siga echando al Cantábrico aguas sucias en esta parte del concejo hay que sumar cuatro millones más.

«Se está estudiando»

¿Qué opciones reales tiene el ministerio de traspasar todo o parte de esta multa al Principado y al Ayuntamiento? Eso es lo que en estos momentos analizan los juristas de Transición Ecológica. La depuradora de El Pisón, que estaba llamada a limpiar esas aguas sucias, fue declarada de interés general del Estado. Ha sido el propio ministerio, a través de la Dirección General del Agua, quien impulsó las obras, su Confederación Hidrográfica la que por delegación las gestiona y la Dirección de Calidad Ambiental la que extendió los permisos que luego tumbaron los tribunales. La responsabilidad, por tanto, de la Administración central es notable, pese a lo cual ayer desde el propio ministerio no descartaban que hubiera opciones también de compartir la multa europea.

«Se está estudiando; es una cuestión compleja porque, en efecto, aunque es el ministerio quien gestiona la obra, normalmente cuando entra en acción es porque las administraciones competentes se estaban retrasando en sus obligaciones», apuntan desde Transición Ecológica. Las miradas de los juristas están así revisando todas las cláusulas del convenio que las tres administraciones firmaron para impulsar el saneamiento del concejo, en 1991, y que modificaron en 1999. Los letrados consultados oponen que, además de eso, en un eventual conflicto pesará si durante estos años el ministerio llegó a advertir al resto de administraciones del riesgo de terminar recibiendo semejante castigo.

Facturas aparte, en su comparecencia el secretario de Estado indicó que la expectativa que maneja es que la depuradora de El Pisón esté completamente operativa «a lo largo de 2019». A raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional «se ha iniciado un nuevo procedimiento de evaluación ambiental que está en fase de conclusiones; está concluido el periodo de información pública y en marcha el informe de alegaciones», precisó. Con todo, aclaró que no basta con arrancar toda la instalación para que Bruselas rebaje la cuota gijonesa, es decir, esos cuatro millones semestrales. Existe un periodo adicional de tres meses de vigilancia y comprobación que Morán negocia abreviar con la Comisión Europea. A preguntas de Foro, recordó que su «acuerdo de principios» con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, es el de «evitar que nadie pueda interpretar que se producen situaciones de inseguridad jurídica y no interferir en absoluto en el procedimiento administrativo de la tramitación ambiental, que es obligada por la sentencia judicial; no lo hice en aquel momento y no lo haré ahora». Su compromiso es el de poner al ministerio a trabajar «lo más ágil posible, que no se pierda tiempo con traslados de documentación interna».

Críticas precipitadas

El secretario de Estado dijo comprender que los afectados «pasados, presentes y los que se sientan futuros» se movilicen, pero advirtió: «Algunos dicen que van a recurrir, cuando ni el secretario de Estado ni la ministra saben cuál es la solución ambiental definitiva». Porque, según precisó, su pacto con el Ayuntamiento también pasa por dar con una solución duradera, que no esté sometida «a los vaivenes judiciales». Con todo, el caso del este de Gijón puede ser solo el primero. Existe un procedimiento abierto por la UE en 2016 por las infracciones que se están cometiendo en la depuración de «pequeñas aglomeraciones, con población de entre 2.000 y 10.000 habitantes»; en total atañe a 606 enclaves de todo el país. En 2017 se abrió un tercer expediente por incumplir la directiva en otros 180 núcleos, de los que 18 sí son de competencia estatal. La lista incluye a Avilés, el oeste de Gijón y Las Caldas, precisó, sitios todos «que cuentan con anteproyecto redactado».

En total «de las casi 2.100 aglomeraciones que hay en España, 550 están en situación de incumplimiento según el último informe bienal con información de las comunidades autónomas», expuso. El problema viene de largo y ha sido común a todos los Gobiernos y administraciones. Ahora que los avisos de Bruselas se han transformado en multas contantes y sonantes urge cumplir los programas que las administraciones venían aprobando para adaptarse a la normativa, pero que luego se quedaban sin los recursos esperados. Según los datos que compartió ayer Morán, solo en los planes hidrológicos en vigor hay 3.500 obras por ejecutar que exigirían un desembolso de 10.000 millones en los próximos 18 años. Supone destinar cada curso a estas actuaciones una recaudación igual a 11,9 euros por español.

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