España paga este año 22 millones por la falta de depuración en Gijón y otras ocho ciudades

En julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplir la directiva que desde 1991 imponía deberes en la depuración de aguas residuales. La sentencia impone una multa de 12 millones por el retraso acumulado, y otra semestral de 11 que se irá renovando o reduciendo en función de lo que tarde el país en arreglar la situación en las nueve aglomeraciones que colmaron la paciencia de la Comisión Europea. El mayor punto negro en la cuestión es la zona este de Gijón, que vierte al Cantábrico sin tratar un volumen de aguas sucias equivalente al que producen 161.800 habitantes. Bruselas confirmó a EL COMERCIO que el país acaba de abonar la primera sanción de 12 millones y que está en conversaciones para fijar el plazo de la segunda. El secretario de Estado de Medio Ambiente del ministerio, el asturiano Hugo Morán, acaba de informar al Congreso que en total este año tendrá que ceder más de 22 millones del presupuesto en vigor «y aproximadamente 11 por semestre a partir del día 1 del próximo año», comentó. De esa factura, el 37,3% obedece al caso gijonés. El Gobierno nacional ha iniciado el expediente para repartir la penalidad con las administraciones responsables de cada actuación.

El secretario de Estado indicó que la expectativa que maneja es que la depuradora del Pisón pueda empezar a funcionar «a lo largo de 2019». A raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional «se ha iniciado un nuevo procedimiento de evaluación ambiental que está en fase de conclusiones; está concluido el periodo de información pública y en marcha el informe de alegaciones», detalló. Con todo, aclaró que no basta con encender la instalación para que Bruselas acepte rebajar la multa semestral de forma proporcional, esto es, ese 37,3%. Existe un periodo adicional de tres meses de vigilancia y comprobación que Morán negocia abreviar con la Comisión Europea.

A preguntas de Foro Asturias, recordó Morán que su «acuerdo de principios» con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, es el de «evitar que nadie pueda interpretar que se producen situaciones de inseguridad jurídica y no interferir en absoluto en el procedimiento administrativo de la tramitación ambiental, que es obligada por la sentencia judicial; no lo hice en aquel momento y no lo haré ahora». Su compromiso es el de poner al ministerio a trabajar «lo más ágil posible, que no se pierda tiempo con traslados de documentación interna». El secretario de Estado dijo comprender que los afectados «pasados, presentes y los que se sientan futuros» se movilicen, pero advirtió: «Algunos dicen que van a recurrir, cuando ni el secretario de Estado ni la ministra saben cuál es la solución ambiental definitiva». Porque, según precisó, su pacto con el Ayuntamiento también pasa por dar con una solución duradera, que no esté sometida «a los vaivenes judiciales».

Con todo, el caso de Gijón Este puede ser solo el primero. «De las casi 2.100 aglomeraciones que hay en España, 550 están en situación de incumplimiento según el último informe bienal con información de las comunidades autónomas», expuso. Entre las que ya cuentan con avisos por parte de la Unión Europea por los retrasos acumulados mencionó las de Avilés, Gijón Oeste y Las Caldas, todas ellas «con anteproyecto redactado», matizó.

La comparecencia de Morán en la comisión de Transición Ecológica ha suscitado duras críticas en la oposición, dado lo elevado de la multa. «Debería haber empezado pidiendo disculpas, ¿qué han hecho en estos 27 años en los que se han alternado en el Gobierno con el PP?», recriminó desde Ciudadanos José Luis Martínez. Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, tildó de «gran chapuza administrativa» la historia de la depuradora de El Pisón. «El problema tiene un origen político, no es una maldición», apreció el diputado. «En la batalla del Estado de Derecho contra el estado de desecho, para ganando la ley pero va perdiendo la ciudad», sentenció.