La oposición ve insuficiente el plan para limitar por barrios la apertura de pisos turísticos en Gijón

El concejal socialista Tino Vaquero advirtió de que «esta nueva ocurrencia no se puede llevar a efecto en el mes que queda para que termine la vigencia de la moratoria, porque requiere de una tramitación compleja y un desarrollo reglamentario que aún está pendiente». Y añadió que «para regular las viviendas de uso turístico (VUT) lo que se necesita es una modificación de las normas urbanísticas».

Acusó al gobierno municipal de «tratar de eludir nuevamente su responsabilidad, ocultando que llevan once meses sin hacer nada para modificar el PGO y pretendiendo que sea el Principado el que les soluciones ahora un problema que son incapaces de abordar». Reprochó que «lo de un sistema dinámico de licencias para cada barrio les suena porque se lo propusimos en noviembre, pero cuando copian y no trabajan, lo hacen mal».

Para la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, «da la impresión de que esta medida no va a resolver los problemas del mercado inmobiliario, ya que no habrá más pisos de alquiler». Lamentó que «se haya demonizado al propietario particular que quiere darle este uso a su vivienda, y haciéndolo además como una concesión a la presión de las izquierdas, cuando en realidad el número de pisos dedicados en Gijón a esta función es proporcionalmente bajo». Se pregunta además «qué les lleva a fijar como límite para las zonas que llaman 'tensionadas' un índice del 7% y no otro» y también si en ese cómputo se incluirán los edificios que algunos empresarios quieren dedicar en su totalidad al alquiler turístico. «Hay muchas dudas y no resuelve el problema de fondo que hay con los alquileres, que es la inseguridad que produce la Ley de Vivienda socialista».

Javier Suárez Llana, de IU, cree que Gijón «necesita una regulación más ambiciosa, que se anticipe a los problemas y no se limite a actuar donde ya los hay». Señala en este sentido que «limitar las VUT solo en las zonas tensionadas, sin plantear ningún tipo de ordenación en el resto de la ciudad, provocará que el problema se desplace a otros barrios, como pasó en El Natahoyo, Ceares y Laviada con la moratoria». También ve excesivo el tope que se plantea, de en torno al 7%, e indica que «lo adecuado sería limitarlas al 2% o, como mucho, al 5%, como en Llanes». Plantea como «lo más razonable en estos momentos prorrogar la moratoria, ampliándola a todo el área urbana del concejo. Y que no haya ni una VUT más hasta tener una regulación que proteja la vida vecinal en los barrios».

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, considera que la medida «es tímida y no solucionará el grave problema de oferta de vivienda que tiene la ciudad». Considera también «demasiado alto» el límite del 7% y advierte del riesgo de que el problema se generalice en todo Gijón. «Hay que incidir en requisitos como que tengan entradas y servicios independientes. Y es imprescindible perseguir toda la oferta ilegal, que es de cientos de viviendas».