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OLAYA SUÁREZ
GIJÓN.
Martes, 7 de septiembre 2021, 01:31
«La condena de asesinato no se toca». Un centenar de personas se concentró ayer ante el Palacio de Justicia para exigir, una vez más, « ... Justicia para Paz». Para Paz Fernández Borrego, la gijonesa asesinada en Navia en 2018 y cuyo cadáver fue hallado en el embalse de Arbón. La manifestación, secundad por una veintena de colectivos feministas, tuvo lugar un día antes de la revisión por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de 24 años de prisión por el delito de asesinato para Javier Ledo, considerado autor material de la muerte violenta de la que entonces era su pareja sentimental.
«No vamos a consentir que cinco jueces sin relación alguna con el caso, a puerta cerrada y con alevosía, decidan sobre la condena que nosotras conseguimos en la calle, con movilizaciones y con la presión que estamos ejerciendo para acabar de una vez por todas con la justicia patriarcal», afirmaba ayer Beatriz García, portavoz de la plataforma feminista que lleva más de un año de movilizaciones para «exigir que el asesino pague por el asesinato que cometió y también para que de una vez por todas nos dejen de matar».
El juicio se celebró mediante la modalidad de jurado popular en la Sección Octava de la Audiencia Provincial en septiembre de 2020. Los miembros del tribunal, por unanimidad, consideraron que existían pruebas suficientes para determinar que Javier Ledo era autor de un delito de asesinato. Quedó probado que mató a Paz Fernández Borrego con un objeto contundente en su propia casa de Navia, a la que la mujer se había desplazado como hacía con frecuencia, y que a continuación condujo el coche de la víctima y arrojó el cadáver a un embalse ubicado a unos diez kilómetros.
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Los restos mortales de la mujer, vecina de Nuevo Roces y madre de dos hijos, fueron hallados por un piraguista semanas después. Para entonces Javier Ledo ya era considerado el principal sospechoso. Fue detenido y cambió varias veces de versión sobre lo ocurrido aquella noche. Su último relato, el que mantuvo en el juicio, se basó en que la muerte había sido accidental y que se había deshecho del cadáver por miedo a que le imputasen la muerte y por los problemas que tenía ya con la Justicia por los malos tratos con su expareja. Esa versión la mantiene también ante el Tribunal Supremo, a cuyo órgano apeló para pedir su absolución.
El fiscal que calificó en primera instancia los hechos consideró que eran constitutivos de un delito de homicidio y no de asesinato, lo que hizo que los colectivos feministas saliesen a la calle. Ayer en la última concentración, tocaron los compañeros del grupo de música en el que cantaba Paz. Asistieron también Juan Carlos Monedero, Daniel Ripa y Laura Tuero, representantes de Podemos.
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