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Ni a la tercera fue la vencida, ni parece que vaya a ser ni a una cuarta o posteriores, si es que llegan a producirse, ... porque las posturas están meridianamente claras y totalmente enfrentadas entre el Ayuntamiento y el Puerto de Gijón por la franja litoral de Naval de Azul. La Autoridad Portuaria presentó este martes al gobierno local, por tercera vez, una propuesta de convenio de cesión de uso, que no de la titularidad, lo cual resulta «inaceptable» para el Ayuntamiento, que reclama la propiedad de esos 3.848 metros cuadrados, en virtud del acuerdo de compraventa de los antiguos terrenos de Naval Gijón.
Fueron casi dos horas y media de reunión entre un nutrido equipo técnico y jurídico del Ayuntamiento de Gijón con la misma representación del Puerto que acudió a los dos encuentros de la semana pasada, con la salvedad de su presidenta, que fue sustituida por su jefe de relaciones institucionales, José Luis García Lorenzo, quien acompañó al director general José Luis Barettino y a la secretaria no consejera del consejo de administración, Lucía López. Los dirigentes de El Musel eludieron atender a los medios de comunicación a su salida de la Casa Consistorial.
La representación municipal estuvo a cargo de tres técnicas de la concejalía de Urbanismo, dos técnicas pertenecientes a la Secretaría General, la directora de la Asesoría Jurídica y el director general de Alcaldía. En un comunicado posterior, el Ayuntamiento mostró su «sorpresa ante el hecho de que la representación del Puerto en esta cita, de carácter técnico, haya sido la misma, a excepción de la presidenta, de la reunión política celebrada la semana anterior». Según informó el Consistorio, «el personal técnico del Ayuntamiento ha mantenido a lo largo de la reunión la posición mostrada desde un inicio y sustentada en el informe de Secretaría General».
Este documento, elaborado a petición del Ayuntamiento cuando se conoció la postura de Nieves Roqueñí de estudiar vías alternativas a la entrega de la parcela al Consistorio, considera esta decisión un incumplimiento de contrato y abre la vía legal a su reclamación judicial, que cada vez está más cerca de producirse, toda vez que el ultimátum planteado por el Ayuntamiento termina la próxima semana.
«También se han vuelto a remarcar las diversas imprecisiones urbanísticas y legales en las que incurre el nuevo planteamiento de la Autoridad Portuaria», apuntó asimismo la nota muncipal. «Como ya fue manifestado hace unos días por parte de este Ayuntamiento y se ha vuelto a insistir esta mañana, cualquier posible acuerdo de colaboración entre ambas instituciones debe venir precedido del cumplimiento de la cesión de titularidad pactada y firmada», insistió el escrito municipal.
Al igual que ya señaló el gobierno local tras el último encuentro del jueves, la colaboración del Puerto en el desarrollo del polo de la economía azul en ese ámbito «es perfectamente posible», pero «deber ir precedida del cumplimiento del acuerdo para la cesión de la titularidad de la franja».
El Puerto compartió su versión del encuentro en un comunicado vespertino en el que, tras insistir en una «oferta de colaboración» que supondría «la ejecución inmediata del paseo litoral para toda la ciudadanía y costear la adecuación de la franja de dominio público», mete en la ecuación «una inversión cercana a los siete millones de euros, cantidad que se ahorrarían todos los contribuyentes gijoneses», sin dar más detalles sobre en qué, cómo y en cuánto tiempo se gastaría esa importante suma de dinero.
Además, en su nota, la Autoridad Portuaria introduce que, en el encuentro, «ha recordado» que «la cesión de derechos urbanísticos que se pretende desde el Ayuntamiento, supone también una cesión con finalidad lucrativa, algo que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas prohibe expresamente».
«Esta incompatibilidad legal se trasladó de forma clara a todos los representantes municipales», señala el escrito, acerca de la reclamación municipal de cesión de propiedad que es conforme a los criterios de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que informó favorablemente «considerando que se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 145 y 147 de la ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que no procede la retención del inmueble en el patrimonio de la Administración General del Estado».
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