La oposición reclama un Pleno sobre la relación de Gijón con la trama del 'caso Enredadera'

Los grupos de la oposición han reclamado al equipo de gobierno municipal explicaciones sobre las referencias que se hacen al Ayuntamiento de Gijón en el sumario del 'caso Enredadera', e IU, de hecho, pidió ayer la celebración de un Pleno «extraordinario y urgente para rendir cuentas». Esta operación, conocida hace un mes con motivo de los primeros registros en las administraciones implicadas, investiga la relación de varios consistorios, entre ellos el de Oviedo, con la presunta adjudicación irregular de contratos para la gestión de servicios como los sistemas de semáforos.

«La alcaldesa y presidenta de Foro Gijón debe informar sobre el papel de su partido en la contratación pública del Ayuntamiento, así como sobre los contactos mantenidos por ella misma, sus concejales o el personal municipal con las empresas investigadas», exige el grupo socialista. Asegura que el contenido del sumario conocido en los últimos días «acredita la relación entre los empresarios imputados y el fundador y secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, y señala que ese vínculo y el que había con otros dirigentes del partido fueron usados por la trama para obtener algún trato de favor de cara a la adjudicación de contratos públicos».

El PSOE destaca que «según lo publicado por EL COMERCIO, hubo conversaciones sobre contrataciones del Ayuntamiento en las que se manejó una previsión de más de veinte licitaciones a realizar en las que podrían participar empresas de la trama investigada» y considera que «a raíz de la información publicada, es necesario y urgente que el gobierno dé explicaciones. Carmen Moriyón está obligada a contar toda la información que tenga sobre la actividad de la trama, sobre la posible relación de Foro con ella y sobre las implicaciones que tendría en el Ayuntamiento de Gijón».

También Xixón Sí Puede señaló ayer que «la aparición en el sumario de vínculos entre Francisco Álvarez-Cascos, el empresario José Luis Ulibarri (en prisión) y el Ayuntamiento de Gijón hace imprescindible que la alcaldesa salga a explicar esta situación». Su portavoz, Mario Suárez del Fueyo, cree que «la transparencia y la claridad son obligadas. Y aunque en agosto no hay comisiones ni plenos, Carmen Moriyón debe aclarar públicamente y sin dilación quién, cuándo, dónde y para qué fueron las mencionadas reuniones, así como sus resultados».

La formación morada considera «especialmente preciso dar luz sobre el contrato con Aralia», empresa «vinculada a la familia de Ulibarri» y que hace poco más de un mes se hizo cargo del servicio municipal de ayuda a domicilio.

IU reclamó que esas explicaciones se den en un Pleno extraordinario en el que el gobierno «despeje toda sombra de corrupción en torno al Ayuntamiento de Gijón», especialmente «en lo que respecta a las grabaciones de cabecillas de la trama que hablan de reuniones con el Consistorio gracias a contactos de mayor nivel». El grupo que encabeza Aurelio Martín manifestó su «más profunda preocupación» por las referencias a la ciudad en las conversaciones que recoge el sumario. «Las instituciones de nuestro país llevan años sacudidas por numerosas tramas de corrupción, que las han usado dilapidando recursos públicos para lucro privado y poniendo en tela de juicio el papel y trabajo de los representantes de la ciudadanía y la política en general, haciendo de la corrupción una de las mayores preocupaciones ciudadanas», lamentó.

También se sumó a la petición de explicaciones Ciudadanos, cuyo portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, criticó que «cada vez hay más dudas e interrogantes que necesitan respuestas, y el silencio de la alcaldesa y el resto del gobierno local no hace más que generar una mayor incertidumbre. Los gijoneses no se merecen que el Ayuntamiento siga más tiempo bajo sospecha».

El PP pedirá que se aporten a la comisión de Hacienda todos los contratos relativos al área de Tráfico. «El gobierno no puede ponerse de perfil en este tema, ya que se están poniendo en duda las contrataciones y se apunta a cargos policiales y políticos como 'intermediarios y conseguidores' de influencias».