El PP pide acortar los plazos para que Gijón tenga residencia universitaria

Ángeles Fernández Ahuja./
Ángeles Fernández Ahuja.

Ángeles Fernández Ahuja ha abogado por buscar un edificio de titularidad pública que actualmente no tenga uso como puede ser la Universidad Laboral

EFE

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Ángeles Fernández Ahuja, ha defendido este martes la necesidad de «acortar plazos y abaratar costes» para que la ciudad pueda contar cuanto antes con la residencia universitaria.

Así, Fernández Ahuja ha abogado por buscar un edificio de titularidad pública que actualmente no tenga uso como puede ser la Universidad Laboral, un emplazamiento que el PP ya ha defendido y que requeriría habilitar de nuevo la antigua residencia de estudiantes.

A su juicio, una nueva prórroga para este proyecto hará que Gijón no pueda contar con ese equipamiento hasta 2024 ó 2025 «con las consecuencias que esto atraería para potenciar la excelencia e internacionalización del campus universitario».

«Es la crónica de una muerte anunciada con la que se merma la calidad del Campus universitario de Viesques», ha lamentado tras recordar que la Universidad valora el hecho de contar con esa residencia a la hora de impulsar nuevos grados en una localidad.

La edil popular ha señalado además que la alcaldesa, la socialista Ana González, parece ser proclive a hurtar el debate en el foro adecuado como es el pleno municipal «al no responder a la pregunta realizada por el PP sobre el futuro de la residencia de estudiantes en la pasada sesión del 1 de agosto».

La alcaldesa consideró ayer «primordial» que la empresa adjudicataria de la construcción de la residencia universitaria en el campus de Viesques cumpla los plazos establecidos que prevén su entrada en funcionamiento en octubre de 2020.

La adjudicataria de las obras, la empresa Rya, ya ha pedido dos prórrogas y tras la petición de una tercera, el Consistorio le pidió documentación para acreditar si, en caso de ser concedida, sería capaz de cumplir los plazos previstos.

Según González, no se ha dado ningún «ultimátum» a la empresa sino que se le reclamó una documentación que tiene que entregarse en los plazos fijados por ley a la vez que consideró que la residencia es «primordial» para la ciudad y no se puede jugar con los plazos.