El Principado remite a la fórmula de cesión de Poniente y El Arbeyal en Gijón para la franja de Naval Azul

El portavoz del Ejecutivo asturiano apeló al diálogo entre las partes implicadas y afirmó que «la mejor solución es que haya un convenio entre el Puerto y el Ayuntamiento de Gijón para la cesión de uso de esa parte de la franja de costa». En ese momento, Guillermo Peláez cometió un error al plantear el terreno como «un bien demanial, afectado al interés general y al uso público» para justificar que no cabía otra solución que no fuese la cesión de uso, como en Poniente y el Arbeyal.

Tras la consulta elevada por EL COMERCIO a este respecto sobre la naturaleza jurídica de un terreno que fue desafectado del dominio público estatal por orden ministerial el 25 de abril de 2014, «por lo que no tiene la condición de bien demanial portuario», el Gobierno regional reconoció a través de un escrito a este periódico el «lapsus» de su consejero de Hacienda.

«Lo que el consejero quiso expresar –y así debe entenderse su intervención– es que la propuesta de convenio de cesión de uso gratuito planteada por la Autoridad Portuaria sigue el modelo ya aplicado con éxito en otros ámbitos de la ciudad, como los paseos marítimos de Poniente o El Arbeyal, donde el Puerto y el Ayuntamiento colaboraron para hacer compatibles el uso ciudadano y el interés portuario», explicó el Principado.

En la matización enviada a este periódico, se añade que «en todo caso, la posición del Gobierno del Principado es coherente»y se insiste en que «la mejor vía para resolver esta cuestión es la formalización de un convenio entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, que permita regular el uso ciudadano del espacio con todas las garantías jurídicas y técnicas». «El Gobierno de Asturias alienta a que se retome la vía de la colaboración institucional, con rigor, voluntad de entendimiento y pensando siempre en el interés de la ciudadanía de Gijón», finaliza el escrito del Ejecutivo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón se reafirmó ayer su postura invariable de que «solo vale cumplir los acuerdos firmados», en relación a que lo único que espera el Gobierno municipal es recibir la cesión gratuita de la propiedad de los 3.848 metros cuadrados de la franja en disputa, vinculada a la operación de compraventa de los 35.000 metros cuadrados de Naval Gijón por los que el Consistorio pagó 4,7 millones de euros al Puerto.

Aún así, el portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador dejó nítidamente clara la oposición municipal a aceptar un convenio como el propuesto por Nieves Roqueñí, durante el Consejo Social del pasado viernes. Cuando Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes, se interesó por la fórmula empleada en Poniente y El Arbeyal y su posible extrapolación a Naval Gijón, Martínez Salvador aclaró que «en el ejemplo de la playa de Poniente hubo una inversión desde el Ministerio –luego Roqueñí le matizó que fue íntegramente financiado por el Puerto– y en este caso hay una hoja de ruta trazada, un acuerdo, que permitía desarrollar esta actuación en el plazo más corto posible y lo que nos hemos encontrado es que una vez que hemos hecho una inversión tan importante como son casi 5 millones de euros se cambia la jugada».

Jesús Martínez Salvador argumentó que «eso no solo nos retrasa, sino que nos condiciona, porque cómo les vas a quitar a un ámbito urbanístico que tiene como uso principal, el 80%, un parque empresarial de industrias limpias vinculado a la economía azul el contacto con el mar». «¡Cómo se lo vas a sustraer si precisamente es indispensable para su desarrollo!», exclamó.

El edil forista consideró que «este cambio que la Autoridad Portuaria de Gijón nos comunica en febrero», en referencia a la llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia, «no es más que un impedimento». «Vamos a lanzar el plan especial, pero si se firmara el convenio –en referencia a la propuesta de cesión de uso gratuita planteada por el Puerto– es un impedimento total a desarrollar Naval Azul tal como está reflejado en su ficha urbanística».

El últimátum de 30 días lanzado por el Ayuntamiento al Puerto para culminar la cesión cumplió ayer una semana y no se detendrá, pese a la reunión que celebrarán ambas partes la próxima semana.