Naval Azul, la franja de la discordia en Gijón

Sin embargo, ha habido un cambio en el propio relato de los que están por las soluciones, que quizá pensaron que pasaría desapercibido por lo sutil, jugando al despiste entre el personal. Durante las intervenciones de Alejandro Calvo y de la propia Nieves Roqueñí en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento se pudo oír en reiteradas ocasiones a ambos acusar a la alcaldesa de estar rechazando una cesión gratuita de la franja litoral, pero que había que regularlo por convenio, como si en el borrador enviado al gobierno local no dejara manifiestamente claro que la firma de dicho documento no supondría la cesión de la titularidad de esa superficie, como publicó EL COMERCIO.

«Esa cesión gratuita nadie la discute», llegó a sentenciar el consejero, en referencia a una «cesión de uso gratuita», como deslizó varias veces en sus intervenciones, mismo término que también utilizó Roqueñí en las que fueron sus primeras explicaciones en público del cambio de postura del Puerto en esta cuestión. Lo que reclama el Ayuntamiento a la nueva presidenta del Puerto es que cumpla con el acuerdo de cesión gratuita de esos terrenos, es decir, la transmisión de la propiedad de esa franja y no de su uso.

Expediente incompleto

Al margen de relatos y soluciones que habrá que ver si llegan de la reunión comprometida entre Carmen Moriyón y Nieves Roqueñí, con el ultimátum de 30 días al Puerto sin detenerse, también cabe destacar la profusión de notas de prensa portuarias emitidas en este último tramo de la confrontación según iban subiendo los decibelios de un ruido que distrae de los detalles.

Así, como quien no quiere la cosa, la Autoridad Portuaria puso negro sobre blanco en una de estas notas uno por uno todos los documentos por los que, según los nuevos gestores del Puerto, el expediente de cesión de la franja litoral que se encontró Roqueñí sobre la mesa estaba incompleto. En la víspera de la reunión del Consejo Social sobre Naval Azul, la presidenta del Puerto se reunió con representantes vecinales de La Calzada, Jove, Moreda, El Muselín, El Natahoyo, Poniente y Portuarios para trasladarles su intención de iniciar de «manera inmediata» las obras de adecuación de esa franja para el uso ciudadano.

Pues bien, en dicha nota, se dice que «en cuanto a la existencia de un contrato en el que, tal como ha manifestado la alcaldesa, se habría cerrado la transmisión al Ayuntamiento de esa franja, la Autoridad Portuaria ha informado a los vecinos de que lo que había, cuando el nuevo equipo llegó al Puerto, era un expediente en tramitación, que no estaba completo». En este comunicado, se enumera textualmente que «faltaban diferentes informes: de la Delegación de Economía y Hacienda, de Abogacía del Estado y de los propios servicios técnicos de la Autoridad Portuaria: todo ello sin contar las llamadas de atención realizadas desde la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, y que deberían ser atendidas».