El Puerto de Gijón plantea restringir el paseo de Naval Azul cuando haya actividad náutico-deportiva

Además, en este acuerdo, según confirman fuentes solventes, el Puerto se reserva la potestad de limitar o restringir al uso ciudadano, de forma temporal o permanente, el paseo cuando se estén desarrollando actividades náuticas o deportivas. La firma del documento conllevaría la creación de una comisión de seguimiento.

Si bien, el documento refleja el compromiso portuario de buscar siempre la solución que menos perjudique el uso público de esa franja, respetando siempre las exigencias de seguridad y adecuada realización de las actividades náuticas y deportivas que quiere desarrollar en la lámina de agua a la que se accederá a través de la antigua dársena de los astilleros. Aunque el principio general que mueve a la Autoridad Portuaria es que la actividad a desarrollar sea compatible con la apertura del paseo litoral al disfrute de la ciudadanía, la prioridad la tendrán las actividades náuticas y deportivas a desarrollar, que serán las que marcarán su apertura o cierre a criterio portuario.

El documento que el Puerto ha trasladado al Ayuntamiento también incluye entre los compromisos a adquirir por el gobierno local la tramitación y aprobación de las modificaciones necesarias del Plan General de Ordenación para adecuar el uso de ese espacio a la nueva realidad que surja de la firma de este convenio, que choca frontalmente con los planes municipales, que ya contemplan una partida de 600.000 euros en los presupuestos de este año para urbanizar el paseo.

Además, el acuerdo coloca sobre la responsabilidad municipal los costes de limpieza, recogida de residuos, conservación, inspección, reparación y reposición de la totalidad de los elementos, infraestructuras, superficioes, obras e instalacions que integren el terreno con la finalidad de mantenerlos en perfecto estado de uso. Se hace mención también a que será el Ayuntamiento el que asumiría cualquier género de responsabilidad derivada del uso y disfrute por terceros, dejando claro que se exime de responsabilidad alguna a la Autoridad Portuaria. Es más, en el articulado del convenio quedaría plasmado que «en ningún caso» el Puerto sería responsable de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento ni de los daños o perjuicios causados a terceros en la parcela.

Eso sí, según fuentes conocedoras del documento, el Ayuntamiento deberá recibir «autorización expresa» para realizar en esos terrenos cualquier obra o modificación de la Autoridad Portuaria, que también se reservará, en el caso de otorgar dicho permiso en el marco del interés social, el derecho a establecer las limitaciones o adaptaciones que juzgue necesarias.

El convenio ha llegado al despacho de Alcaldía en el momento de mayor tensión en las relaciones entre el Ayuntamiento y el Puerto después de que la alcaldesa intentara que en la última reunión del consejo de administración se tratara la finalización del expediente de cesión de esos terrenos. Nieves Roqueñí no atendió la petición de la regidora y vicepresidenta del Puerto de incluirlo en el orden del día, cuya elaboración es potestad de la presidenta.

En esa reunión, Moriyón, con los argumentos del informe de la secretaría municipal que considera un incumplimiento de contrato revocar la cesión acordada en la operación de compraventa de los terrenos de Naval Gijón, insistió a Nieves Roqueñí que tiene litoral «de sobra» para actuar en beneficio de la ciudad.