El Musel desatiende la petición de la alcaldesa y dilata la decisión sobre la franja de Naval Azul

Carmen Moriyón pretendía que en esta reunión del consejo del Puerto, la tercera desde que Nieves Roqueñí ha accedido a la presidencia, se cerrara finalmente el expediente de cesión gratuita de los terrenos de la franja costera de Naval Gijón, que según el informe de la secretaría general del Pleno la Autoridad Portuaria debe poner a disposición del Ayuntamiento si no quiere incurrir en un incumplimiento de contrato. Para ello, la regidora, en su calidad de vicepresidenta del consejo de administración, remitió un escrito a Roqueñí con la solicitud de que el orden del día de la reunión incluyera el cierre del expediente «iniciado por acuerdo del mismo consejo el 19 de marzo de 2024» con la aprobación definitiva de la cesión.

Carmen Moriyón justificó su solicitud en el artículo 16.2 de las Normas de gestión y funcionamiento interno del consejo de administración, que establece que «la fijación del orden del día corresponde al presidente, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación». En este caso, Nieves Roqueñí ha decidido no atender la demanda de Moriyón, cuyo propósito era no demorar más la cesión de unos terrenos que el Puerto se comprometió a entregar a la ciudad como parte de la operación de compraventa de la antigua parcela de Naval Gijón. De hecho, un informe elaborado por la secretaría general del Pleno considera que la Autoridad Portuaria puede incurrir en un incumplimiento de contrato si decide no cumplir con lo pactado.

Este análisis jurídico, que da soporte a la demanda municipal, se apoya en la «reiterada» jurisprudencia del Tribunal Supremo y pone de manifiesto el carácter contractual que adquieren todos los documentos por los que se rigió «la adjudicación mediante enajenación directa» de la parcela, especialmente de la escritura de compraventa con sus anexos y el pliego de condiciones de la venta, que es uno de estos anexos. Destaca también el carácter vinculante del último informe favorable a la cesión por parte de Patrimonio del Estado, que llegó al Puerto el 12 de febrero.

Fuentes municipales trasladaron ayer el «estupor» que han ocasionado en el Ayuntamiento las manifestaciones públicas del concejal socialista José Ramón Tuero sobre este informe, que calificó de «papel mojado» y «traje a medida de la alcaldesa». «Es incomprensible la ligereza con la que un miembro de la Corporación se dirige a la secretaría general del Pleno, una persona como el señor Tuero, que se ha dedicado más de media vida a la política municipal, haga unas declaraciones tan fuera de lugar sobre el trabajo de funcionarios municipales», señalan las mismas fuentes.

Entre los acuerdos que deberá tomar el miércoles el consejo del Puerto destaca la orden de contratación de la pavimentación y urbanización de la zona final del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, así como el convenio entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento para el ejercicio de competencias en materia de prevención y extinción de incendios en el recinto portuario. Este acuerdo deberá ser elevado posteriormente a Puertos del Estado para su tramitación. También se tratarán modificaciones de concesiones a varias empresas, como ArcelorMittal, Agromar y Bergé Marítima.