El dictamen de Patrimonio del Estado obliga al Puerto de Gijón a culminar la entrega de la franja litoral

Este informe de Patrimonio responde a la solicitud elevada por El Musel al Estado para, «como estaba previsto en la escritura pública de compraventa», proceder a la cesión «gratuita y justificada». Era el último trámite y el dictamen favorable llegó a la Autoridad Portuaria el 12 de febrero, dos días antes de la publicación del nombramiento en el BOE de Nieves Roqueñí como presidenta y cinco antes de su incorporación efectiva a su puesto.

La argumentación del informe encargado por el Gobierno local a la secretaría general del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, concluye, a la vista de la documentación contractual y apoyándose en la «reiterada» jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la no materialización de la cesión gratuita al Ayuntamiento «constituiría un incumplimiento de contrato».

Este informe municipal es el que esgrimió la alcaldesa, Carmen Moriyón, en su comparecencia de urgencia del pasado 5 de abril, para reclamar al Puerto que cumpliera con «lo firmado y lo acordado». La motivación para solicitar este documento fue conocer los efectos jurídicos de no materializar esa cesión gratuita y fue encargado tras la segunda reunión del consejo de administración del Puerto bajo la presidencia de Nieves Roqueñí, celebrada el pasado 31 de marzo, en el que la exconsejera informó de sus planes para realizar mejoras en todo la franja litoral, desde el Muelle al Alto de Aboño.

El informe municipal hace hincapié en cómo la cesión gratuita aparece ligada a la operación de compra venta de la parcela, en toda la documentación. Así, el pliego de condiciones de venta de la parcela establece en su cláusula primera, en la que se describe el objeto de venta, la cesión gratuita del resto de los terrenos, «coincidentes con la franja inmediatamente anexa a la lámina de agua».

De igual forma, la cesión gratuita también figura en el acuerdo de la junta de gobierno de 16 de julio de 2024 que acordó la adquisición y en su memoria justificativa. Posteriormente, el 14 de noviembre, el consejo de administración del Puerto acordó, por unanimidad, las mismas condiciones en el pliego de venta. La cesión también quedó reflejada en el informe justificativo de la modificación presupuestaria probada por mayoría absoluta del Pleno el 10 de abril de 2024.

Por último, la escritura pública de compraventa, formalizada ante notario el 12 de diciembre, también hace referencia a la cesión gratuita y se anexan a dicha escritura todos los acuerdos relativos a ella, con sus correspondientes certificaciones, así como el propio pliego de condiciones de venta, donde figura.

El informe municipal señala el carácter contractual que adquieren todos los documentos por los que se rigió «la adjudicación mediante enajenación directa» de la parcela, especialmente de la escritura de compraventa con sus anexos y el pliego de condiciones de la venta, que es uno de estos anexos. En este sentido, la secretaría municipal apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «establecida reiteradamente», en cuanto a la 'lex contractus', locución con la que se expresa la obligación de las partes al cumplimiento de las condiciones contractuales al mismo nivel que si se tratara de una ley.

«El expediente de cesión gratuita cumple con la legislación patrimonial y portuaria y da cumplimiento a lo comprometido entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, ya que cuenta con los informes favorables de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Patrimonio del Estado a falta, únicamente, de resolución por parte de la Autoridad Portuaria», finaliza el informe.