El Estado avisa al Puerto de Gijón de que tiene 49,5 millones de la UE sin cobrar

Se trata de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano de control interno del sector público estatal adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus funciones está auditar las cuentas del ente. Su último informe fue emitido con retraso sobre el calendario habitual, el 29 de octubre pasado, y analiza las finanzas de 2023, pero también los hechos posteriores más significativos.

A la hora de emitir su dictamen, la interventora territorial de Gijón incorporó un «párrafo de énfasis», recurso que, según la normativa de auditoría, sirve para destacar «una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para los usuarios comprendan los estados financieros».

Se trata así de una herramienta que permite poner la lupa sobre aspectos que entre tanto dato podrían pasar más inadvertidos. Hace ahora menos de cuatro meses la llamada de atención de la Intervención se centró en dos aspectos: el dinero pendiente de llegar de la UE y el que se puede perder por culpa del carbón desaparecido en la EBHI.

Sobre lo primero, el informe reproduce un aspecto de la memoria formulada por la Autoridad Portuaria, recordando que en 2004 la Comisión Europea concedió 247,5 millones para financiar las obras de ampliación. «A 31 de diciembre de 2023 se encuentran pendientes de cobro 49,5 millones», anota.

En una primera versión de las cuentas el equipo de Laureano Lourido anotó la partida entre las deudas a cobrar a corto plazo, que son aquellas que se espera recibir antes de doce meses. Finalmente se registró en las de largo plazo. Este es un asunto que fue tensando las relaciones del presidente con la parte del consejo de administración que le reclamaba una mayor presión y trabajo para terminar de recuperar esos fondos comunitarios. Desde este sector hubo quien reprochó que Lourido evitara defender públicamente la legalidad de las obras de ampliación que gestionaron sus antecesores, una ausencia de irregularidades que terminaron confirmando el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, esta última ya en 2023.

El segundo aspecto que la Intervención incluyó en el párrafo de énfasis destaca cómo el 20 de junio se recibió una notificación por los 52,8 millones que el fondo suizo TELF reclama a la EBHI en compensación por el carbón que depositó en sus instalaciones y ha desaparecido. El juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón celebró la semana pasada la vista previa y, tras desestimar las peticiones de suspensión, fijó los días 20 y 21 de octubre como fecha para el juicio.