El reglamento de laicidad de Gijón impedirá la presencia institucional de la Corporación en actos religiosos

La última versión del documento, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, supondría que los concejales, en el ejercicio de su cargo, no puedan asistir a actos religiosos. Sin ir más lejos, por lo que dice el artículo 3.1, se podría deducir que la representación de Ciudadanos, Foro, PP, Vox, que se vio hace unos días en primera fila de la Iglesia de San Pedro para asistir a la misa del patrón de Gijón, no se repetiría. «En el ejercicio de su función institucional la Corporación Municipal mantendrá la separación y neutralidad en actos celebrativos de entidades religiosas no realizando actos de culto religioso o veneración hacia imágenes o conceptos, ni participará en ceremonias, ritos o cualquier acto que formen parte de cualquier confesión religiosa», dice el borrador. Fuentes conocedoras de la negociación insisten en que «aún se están haciendo algunos cambios» aunque, añaden, «el espíritu global del texto no tendrá grandes variaciones». Ya había advertido la alcaldesa, Ana González, a finales de mayo que «debemos sacarlo a tiempo por si se complica el contexto ideológico municipal». Tampoco es que este reglamento de laicidad que se plantea desde Gijón sea algo novedoso el municipalismo español. De hecho son muchos los ayuntamientos que van avanzando en lo que dice la Constitución: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». El de Rivas (Madrid) es uno de los que se toma como modelo, aunque ese mismo artículo, va más allá. En su punto 3.2 dice que «las y los miembros de la Corporación -incluidas e incluidos sus cargos de representación y sus empleadas y empleados públicos- que participen en actos religiosos lo harán a título individual y no en representación del Ayuntamiento.

Ampliar

El futuro reglamento, que se aplicará a la Administración Local y todos sus entes públicos dependientes, deja claro que todos los edificios municipales deberán «estar exentos de todo tipo de simbología religiosa». Hace una excepción para aquellos «símbolos de carácter religioso que por su valor histórico o artístico justifiquen su conservación y cuya retirada ocasionaría un daño irreparable».

El pasado año, el Ayuntamiento publicó en su web una consulta ciudadana sobre este asunto por ser un paso obligado dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo. La participación fue floja, solo 49 aportaciones, la mayoría de ellas para mostrarse contrarias a sacar del ámbito público las creencias personales.

Uno de los puntos del futuro reglamento que no estará exento de polémica será la forma en que se lleve a la práctica el hecho de que los actos religiosos «no se incorporarán como parte de la programación de los actos propios del Ayuntamiento o de las festividades locales». Además, el uso de instalaciones municipales para actos de este tipo estarán sujetos al pago de los precios públicos. Por ejemplo, el bautizo de los testigos de Jehová. Además, el Ayuntamiento se compromete a promover los principios de aconfesionalidad o laicidad en los centros educativos públicos.