«La renta social nació con presupuesto insuficiente y desligada del resto de ayudas»

La concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, remitió ayer a los grupos municipales un escrito sobre «la gestión de la renta social municipal», en el que además de ofrecer datos definitivos sobre las tres convocatorias de ayudas aprobadas en 2017 y 2018 critica el modo en el que se articuló el programa, al que ve varias carencias.

«Desde el primer momento nació con un presupuesto insuficiente», señala en uno de los apartados, en el que apunta cómo en la primera convocatoria «no se pudieron resolver todas las solicitudes» por falta de fondos, obligando a traspasar muchas de ellas a la segunda. Y añade que algo similar ocurrió en la tercera, «en la que solo se pudieron valorar la mitad de las solicitudes (quedaron sin resolver 2.858), llegando el presupuesto solo para la aprobación de 958 de las más de 4.000 formuladas».

Curiosamente, apunta, de los 9,9 millones de euros con los que estuvieron dotadas las tres convocatorias, solo se ejecutaron 7,6 millones. La diferencia entre ambas cuantías, explica, se debe, por un lado, a «un error en la previsión» de la denominada 'línea 2', que estaba destinada a solicitantes que no recibieran prestaciones públicas (salario social básico, subsidios...) pero aún así tuvieran bajos niveles de ingresos. En 2018 se reservaron para ellos 1,2 millones de euros, de los que solo fue necesario usar 25.000. De lasegunda convocatoria, además, se dejó sin ejecutar parte del presupuesto «debido al impacto que las ayudas estaban teniendo en el incumplimiento de la regla de gasto del Ayuntamiento».

Pero más allá de la parte económica, González se muestra muy crítica con cómo se articularon y trataron las ayudas. «A pesar de que se decía que era una herramienta dirigida a prevenir la cronificación de las personas en situaciones más vulnerables, se gestionó como una prestación desligada por completo tanto del resto de ayudas y prestaciones de la Fundación de Servicios Sociales, como de cualquier tipo de intervención social o de orientación hacia el empleo». Lamenta también que los requisitos de acceso «fueran únicamente económicos, sin que se hiciera una valoración de las necesidades reales de los solicitantes» y que en la última convocatoria se puso un tope de 2.500 euros por familia «sin tener en cuenta el número de convivientes». Reprocha que «no se ha hecho ni una evaluación ni un seguimiento de la prestación».