La Justicia latinoamericana pone la tobillera electrónica a los expresidentes condenados

Hay quien encuentra las razones principales de esta situación en el 'lawfare' y en la fragilidad del sistema judicial. También hallan culpa en la corrupción abrumadora. Ellos son elegidos por un pueblo entusiasmado con sus discursos llenos de buenas intenciones y promesas. Pero la llegada al poder parece que transforma a más de uno. El último en entrar en este club de expresidentes encarcelados en sus propios hogares, Uribe, de 74 años, fue una figura determinante en un entramado para manipular testigos. Ahora existe un debate público si debe ser controlado con una tobillera telemática.

En la Argentina que ahora gobierna el ultraliberal Javier Milei la Justicia decidió que dos antiguos mandatarios fueran enviados asimismo a prisión domiciliaria y que llevaran esa pulsera. Carlos Menem, quien ocupó la Casa Rosada entre 1989 y 1999, fue el primero. Nunca pisó la cárcel, salvado por su condición de haber ejercido como senador y por su edad avanzada. Fue condenado en 2013 por contrabando agravado de armamento en la primera mitad de la década de los noventa, cuando el país tenía prohibido venderlo a Ecuador y Croacia por tratados internacionales. Dos años después fue sentenciado por malversación de fondos públicos.

A Kirchner le ratificaron la condena, y su cumplimiento en régimen de prisión domiciliaria, hace menos de dos meses. La líder peronista –antigua primera dama, presidenta entre 2007 y 2015, vicepresidenta y senadora– fue declarada culpable en un caso de corrupción relacionado con contratos de obras públicas. Cumple condena en su casa de Buenos Aires, donde acostumbra a saludar a sus seguidores desde el balcón, durante los próximos seis años y nunca podrá volver a desempeñar un cargo público.

Sólo unas semanas después la Justicia brasileña ordenó que el expresidente Bolsonaro cumpliera prisión domiciliaria con una pulsera telemática en su tobillo. El ultraderechista se encuentra en pleno juicio por encabezar supuestamente un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y, de ser condenado por todos los delitos, la pena podría superar los cuarenta años, en principio, de cárcel. Su sucesor, y objetivo de los golpistas, pasó 580 días entre rejas por corrupción pasiva y lavado de dinero vinculado a la compañía Petrobras, aunque el Supremo determinó que faltó imparcialidad judicial y anuló las sentencias.

En Ecuador, uno de los países latinoamericanos donde la violencia ha crecido más en los últimos años, hay que referirse a Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017. Fue condenado a ocho años de prisión por liderar una red de sobornos que apoyó económicamente a su partido. Se asiló en Bélgica y niega todos los delitos, que atribuye a una persecución política.

La lista de exmandatarios condenados en Perú es más extensa: cinco de sus presidentes han pasado, en estos casos sí, por prisión. Desde el fallecido Alberto Fujimori, acusado de allanamiento ilegal, homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en dos masacres y mal uso de los fondos públicos, entre otros delitos, a Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y, más recientemente, Pedro Castillo.