Perú se blinda con 24.000 policías de cara a la tercera 'Toma de Lima'

Desde diciembre -cuando el exmandatario Pedro Castillo fue apartado del poder por un fallido autogolpe de Estado- hasta marzo de este año, se desataron violentas protestas que pedían la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones anticipadas. Tres meses después, el móvil de la marcha sigue siendo el mismo, aunque con mínimas esperanzas de prosperar. Hace un mes, cuando ya se había hecho la convocatoria de la gran marcha de este miércoles, Boluarte zanjó el tema de su renuncia y acabó con todas las expectativas de un posible adelanto de los comicios con el anuncio de que se mantendrá en el cargo hasta el fin de su mandato, que se cumple el 28 de julio de 2026 -cuando debería haber terminado el periodo de su antecesor-.

La mandataria, con un 80% de desaprobación entre los ciudadanos, según las últimas encuestas, ha afirmado que las protestas tienen un «interés político» y que están organizadas por grupos ilegales. La dirigente ha aludido así al llamamiento que hizo una dirigente de los simpatizantes del grupo «terrorista» -como el Ejecutivo define al Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso para que sus seguidores apoyen las manifestaciones.

«Les digo a los hermanos que marchan que no se dejen sorprender y engañar por los que tienen la agenda política. Quieren generar caos, vender una imagen inapropiada del país al exterior e impedir que las inversiones lleguen», subrayó el martes a la televisión pública peruana. En la misma línea, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Ótarola, sostuvo que las protestas registradas desde diciembre de 2022 hasta marzo de este año causaron pérdidas económicas por 4.000 millones de soles (más de 900.000 euros).

Se espera que más de 30.000 personas participen en esta tercera toma de la capital. Más de 13.000 peruanos han viajado a Lima desde varias regiones del país para unirse a las movilizaciones, según indican los medios locales. Ante la masiva convocatoria, el Ejecutivo ha asegurado que respetará la protesta pacífica, pero ha enfatizado que no permitirá actos de violencia por parte de los manifestantes.

Varias organizaciones sociales han interpuesto este miércoles una demanda constitucional contra la presidenta y el primer ministro por la presunta vulneración del derecho a la protesta. Acusan al Gobierno de «criminalizar» las marchas. Ambos funcionarios ya son investigados por la Fiscalía por «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante el estallido social en el país de principios de año. La pasada ola de violencia se saldó con 49 manifestantes muertos, once personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridos.

Para esta jornada se han desplegado 24.000 policías en la capital, mientras que a nivel nacional habrá 140.000 agentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También se han enviado blindados que vigilan diversos puntos de la principal carretera del país. Con el fin de frenar posibles bloqueos a la Panamericana Sur, entre las regiones Ica y Nasca, que albergan a las ciudades más importantes del país como Lima, Puno, Cusco y Arequipa, alrededor de un millar de agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) cubren la zona. Estas localidades fueron los puntos de conflicto más críticos.

El aeropuerto de Arequipa, que también fue centro de disturbios, ahora es resguardado por un dispositivo de seguridad. El acceso a la terminal aérea se restringió desde hace dos días. El jefe de la Región Policial, coronel PNP Carlos Herrera, señaló que su comando ha desplegado 2.300 efectivos para garantizar el orden público durante las protestas en esa área. Los centros educativos también han suspendido las clases para salvaguardar a los estudiantes.