Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional también en Chicago

Todo a pesar de que el juez Charles Breyer ha dictaminado, por segunda vez, que aquellas acciones eran ilegales, aunque en esta ocasión no pide la retirada de esas tropas y argumenta esa decisión en la necesidad de ajustarla al Noveno Tribunal de Apelaciones, que rechazó su primera sentencia.

En su argumentación de 52 páginas, el magistrado advierte de que, con el uso que le está dando a la Guardia Nacional, Trump «está creando una fuerza policial nacional de la que el presidente es el jefe». Estados Unidos siempre ha sido renuente a recurrir a las fuerzas armadas en el país, algo que se plasmó en la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita su uso principalmente a la defensa en el exterior. La Guardia Nacional es una excepción. Se reserva para responder a desastres naturales, apoyar a las autoridades locales en caso de emergencias y mantener el orden público en caso de disturbios civiles.

A este último supuesto se acogió Trump para invocarla en Los Ángeles, cuando la población local irrumpió en protestas por las redadas masivas de inmigrantes. El presidente alegó que las tropas eran necesarias para garantizar la aplicación de las leyes federales de inmigración y «supuestamente sofocar una rebelión», escribe el juez. Sin embargo, no tenía en cuenta que estas tropas deben ser activadas a instancias del gobernador del Estado. De lo contrario estaría violando el poder policial de California que la Constitución reserva a los estados. De ahí que la demanda civil a la que ha respondido el magistrado en dos ocasiones fuera interpuesta por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

El juez Breyer ha concluido que en Los Ángeles hubo manifestaciones, pero «no hubo rebelión, ni tampoco las fuerzas del orden civiles fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley». Trump y su gobierno «utilizaron de manera sistemática a soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de seguridad y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y, en general, demostrar una presencia militar dentro y alrededor de Los Ángeles». Acciones todas ellas que, en su opinión, suponen una violación flagrante de la Ley Posse Comitatus.

«Casi tres meses después de que los acusados desplegaran por primera vez a la Guardia Nacional en Los Ángeles, 300 miembros de la Guardia Nacional permanecen allí destacados. Además, el presidente Trump y el secretario Hegseth han manifestado su intención de llamar a las tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades de todo el país», añade el juez.

A Los Ángeles y Washington se unió ayer Chicago, bautizada por Trump en su cuenta de Truth Social como «capital mundial del crimen». Pretende justificar así una intervención al estilo de la de Washington DC, que no pertenece a ningún Estado de la Unión, sino que está bajo las órdenes de su consejo municipal, tutelado por el Congreso.