Los jóvenes se rebelan en Marruecos

No se trata de un fenómeno aislado en este mundo globalizado. Sólo a lo largo del año en curso, sus coetáneos han demandado cambios en lugares tan distantes entre sí como Nepal, Bangladesh, Madagascar y Kenia. «Hablamos de un colectivo muy similar al de nuestros estudiantes, usuarios habituales de internet, muy al día de la actualidad, pacíficos, competentes y críticos, que buscan la participación, la representación y el diálogo», explica Alvar Sánchez, sacerdote jesuita catalán y secretario de Cáritas en Marruecos. ¿Sus derechos no se satisfacen? «Tanto como en cualquier otro territorio vecino a España», alega. «Pero es necesario puntualizar que el país, en su conjunto, no se ha levantado», precisa.

La muerte de ocho embarazadas ingresadas en el hospital de la ciudad de Agadir durante el último mes ha sido el detonante de una serie de protestas con un saldo provisional de tres muertos, 300 heridos y 400 detenidos. «Se han dado cuenta de que tanto el sistema de salud como el educativo no responden a sus deseos y que, además, se acentúan las diferencias entre el mundo urbano y el rural», indica. «El campo marroquí no está vacío, pero faltan servicios».

No caben los juicios apresurados. Los clichés y la falta de contextualización constituyen, a su juicio, los peores riesgos a la hora de analizar la realidad de un territorio en continua transformación. «He vivido los últimos cinco años en Nador y he alucinado con los cambios experimentados», confiesa. «La inversión pública supera a la española. Durante ese periodo, por ejemplo, se ha abierto una Ciudad de los Oficios, con 2.500 plazas, y construido un nuevo aeropuerto». Marruecos está considerada la quinta potencia africana y las estadísticas apuntan un crecimiento del 3,8% para 2025 apuntalado por la exportación agrícola, el notable incremento del turismo, el bum de las energías renovables, la industria textil y la automoción.

La desigualdad es, en opinión de Sánchez, la palabra clave que explica esta situación y es que los índices macroeconómicos no se reflejan en la vida cotidiana. «Los jóvenes tienen futuro, pero no el que desean», arguye. El desempleo afecta a cerca de la mitad de la población juvenil, cada año 160.000 estudiantes de secundaria abandonan las aulas y el analfabetismo llega al 24,8%. La emigración sigue siendo el recurso habitual. «Ahora bien, no existe un problema social tan grave que catapulte a toda una generación a emigrar», apunta.

La generación Z ha salido a la calle para demandar reformas y reclamar la lucha efectiva contra la corrupción, consignas similares a las esgrimidas en las manifestaciones celebradas en otros países. Las pancartas rechazan los previstos estadios para el Mundial de Fútbol de 2030, que requieren un desembolso de 4.000 millones de euros, y exigen la construcción de hospitales.

El expatriado niega que, al otro lado, se encuentre un régimen obcecado en la represión como única herramienta para suprimir la disidencia. «Existe más presencia policial en las manifestaciones europeas», alega y señala que la Administración respeta la libertad de expresión. «Los medios de comunicación trabajan en libertad y abordan temáticas sociales que interesan. Yo no encuentro temas tabú», afirma.

Aun así, no todo puede ser denunciado. «Hay instituciones respetadas como el rey, que también es una autoridad religiosa como Comendador de los Creyentes, pilar fundamental de la cohesión social y la proyección internacional», indica, aunque reconoce que también se publican artículos sobre el ajado aspecto físico del monarca, sus frecuentes ausencias del país y la posibilidad de un próximo relevo. «En cualquier caso, no se trata de un régimen monolítico, sino que está abierto al diálogo, quizá no al nivel reclamado ni con la agenda que la juventud desearía. Tampoco nada indica que se vaya a producir un aplastamiento y carpetazo al asunto».

Las últimas declaraciones de Mohamed VI, hasta ahora ajeno a la polémica, evidencian la existencia de un conflicto de fondo. «El rey advirtió sobre el peligro de un país a dos velocidades en su discurso de la Fiesta del Trono el pasado 30 de julio», recuerda Miguel Hernando de Larramendi, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos y experto sobre Marruecos, país sobre cuya situación ha impartido conferencias en la Casa Árabe y otras instituciones. «Esas grandes inversiones se han concentrado en el ámbito de las infraestructuras, caso del tren de alta velocidad o el complejo portuario Tanger Med, sin un inmediato retorno social».

Esa disparidad también es argüida por Luis González, portavoz de una ONG española que trabaja en el norte del país. Su portavoz reconoce que el PIB marroquí se ha incrementado un 100% entre 1990 y 2003, aunque el paisaje socioeconómico no lo refleja necesariamente. «El deterioro de los servicios públicos de salud y educación ha impulsado la privatización, como un pez que se muerde la cola», se explica.

La polarización también se aprecia dramáticamente entre las ciudades y el campo. «En las aldeas del norte no ves chicos, sólo algunas muchachas y personas mayores porque los jóvenes emigran», explica, y añade que la falta de productividad, agudizada por el impacto del cambio climático, ha impulsado las plantaciones de cannabis, un cultivo ahora legal, pero que monopoliza el consumo de agua, incluso aquella destinada al consumo humano.

La polarización también llega al género. «El 69% de los hombres trabaja y reciben unos ingresos medios de 25.000 dólares al año, mientras que sólo tiene empleo el 19% de las mujeres con salarios de 14.000 dólares». Además, ellas sufren la dominación del marido, sobre todo en el ámbito rural, y altas tasas de violencia familiar.

La lucha contra la corrupción es otra de las peticiones de los manifestantes. En julio, el ministro de Justicia Abdellatif Ouahbi protagonizó un escándalo por una operación inmobiliaria presuntamente fraudulenta. El gobierno no se ha manifestado aún y tampoco los partidos, desde la izquierda a los islamistas, ante esta solicitud. Hernando alude a «la colisión entre el poder político y económico» en el denominado 'majzen', la élite que controla el aparato público. Esta oligarquía, detenta grandes 'holdings' como Al Mada, en manos del monarca, o Akwa, dirigido por el primer ministro Aziz Ajanuch.

La manera de resolver el conflicto es la gran incógnita de esta crisis. El aparato de seguridad se halla controlado por Abdellatif Hammouchi, a cargo de la Policía y el servicio de inteligencia interior, y el mando ejecutivo en última instancia se atribuye al Alto Consejero del Rey Fouad Ali El Himma, considerado un virrey de facto en un Estado con una monarquía que reina y también gobierna. «El recurso a la fuerza se agudizó a partir de los atentados yihadistas de Casablanca en 2003, la involución es clara tras el primer periodo más liberal de Mohamed VI».

Las soluciones manu militari, empleadas en el Rif o el Sahara Occidental, no siempre son efectivas a medio y largo plazo. «Históricamente, la represión ha funcionado, pero aquí no hay una cabeza visible y resulta más fácil decapitar y neutralizar el movimiento. Creo que si no se abordan las cuestiones de fondo los riesgos políticos aumentarán peligrosamente», advierte.